Durante su intervención en el Pleno del Congreso, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, explicó que esta actuación supone poner en manos de las pymes 10.000 millones de euros para mejorar su liquidez.

La mitad de este montante será aportada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), mientras que la otra mitad debe partir de las instituciones financieras.

Solbes apuntó que la actual crisis económica "nos obliga a tomar actuaciones rápidas" para evitar restricciones de crédito.

Ante ello, el vicepresidente segundo del Gobierno afirmó que esta medida servirá para "salvaguardar" la actividad de empresas con viablidad económica y evitar "procesos innecesarios" de recapitalización.

Por otra parte, Solbes recordó que este decreto aborda otras medidas complementarias que afectan al ordenamiento jurídico mercantil. Así, la norma dicta un régimen excepcional para las reducciones obligatorias de capital y las disoluciones de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada como consecuencia de pérdidas.

Según el vicepresidente segundo del Gobierno, la reciente evolución de la actividad económica "nos sitúa en un contexto excepcional".

Así, se suspende con una vigencia temporal de dos años y únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, el actual régimen societario aplicable.