Esta convalidación llegó el día que se cumplen los 30 días hábiles que la Constitución establece de plazo para ello. El real decreto ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, fue convalidado con 162 votos a favor, 153 en contra y 28 abstenciones.

En su intervención, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó que es una medida “avalada por la OMS” y que ha posibilitado la protección de la ciudadanía en un momento de máxima dificultad por el aumento de la incidencia como consecuencia de la variante ómicron. En ese sentido, aseguró que se basa en la máxima del Gobierno de ir adaptando las medidas en función de la evolución epidemiológica, aunque siempre bajo las recomendaciones de los expertos y “desde la coogobernanza”.

Además, Darias aseguró que se trata de una medida “temporal”, que solo se mantendrá hasta que los indicadores sanitarios vuelvan a unos niveles más bajos.

La diputada del PP Ana Pastor calificó esta actuación como “vergonzosa” y aseguró que el Gobierno “ha llegado tarde a todo”. “No tenían ningún informe técnico que avalará esa medida”, denunció, al tiempo que comentó que el Gobierno “se ha parapetado en la cogobernanza” y eso ha llevado “al desgobierno”.

Varios parlamentarios denunciaron que el decreto incluye medidas sobre la contratación de los sanitarios y sobre la actualización del IPC de las pensiones no contributivas, lo que consideraron un “chantaje” para lograr el voto favorable. En esa línea, el parlamentario de UPN Sergio Sayas explicó que no tiene sentido “juntar en un decreto mascarillas y pensiones”, a no ser que sea como un “medio de chantaje”, y reclamó que se establezcan parámetros objetivos para gestionar la pandemia y así dejar de lado “la improvisación”.