El departamento de Pilar Llop recordó que Eurojust se creó como un organismo de la UE con personalidad jurídica, para estimular y mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, en particular en relación con casos graves de delincuencia organizada.

Según recoge el último Informe Anual de Eurojust 2021, este organismo prestó asistencia en casi más de 10.000 investigaciones penales transfronterizas. En concreto, la delegación de España en Eurojust ha sido la cuarta con mayor carga de trabajo y protagonismo operativo en 2021, al estar involucrada, activa o pasivamente, en un total de 818 casos, siendo, además, la tercera delegación más demandada de asistencia por el resto de las delegaciones nacionales y fiscales de enlace destinados en Eurojust.

SELECCIÓN DE CANDIDATOS

La norma aprobada este jueves en el Congreso incluye mejoras en el procedimiento de convocatoria, selección y nombramiento. En ese sentido, se introduce una serie de disposiciones para mejorar la transparencia en la selección de los candidatos que ocupen los puestos de miembro nacional, adjunto o asistente, como la publicación de la convocatoria en el BOE o la constitución de una Comisión de Selección encargada de conformar una terna de candidatos.

También se incorporan en la convocatoria criterios de igualdad, al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En ese sentido, Llop destacó que, con este texto, "Eurojust se refuerza para mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades europeas, fomentando un proceso de selección transparente que introduce criterios sobre igualdad”.

Además, la nueva norma incluye novedades de contenido, como el análisis del estatuto y de las competencias que el Reglamento prevé para el miembro nacional de Eurojust, entre las que cuenta con la enumeración de las competencias que los miembros nacionales deben tener en los Estados miembros, estableciendo así un mínimo común que aporte homogeneidad en operaciones conjuntas.

El proyecto incluye que cada Estado miembro otorgue a su miembro nacional atribuciones adicionales. En el caso de España podrá corregir errores en la solicitud, dividirla entre autoridades competentes o cualquier otra modificación que resulte necesaria para su rápida y correcta tramitación.

Además, en casos urgentes, si no es posible determinar o contactar a tiempo con la autoridad competente, el miembro nacional podrá llevar a cabo estas acciones directamente, informando de ello a la mayor brevedad.