Este cambio normativo atiende a las reivindicaciones de las principales organizaciones profesionales agrarias, a las que el Ministerio de Agricultura entiende que corresponde la representación del sector. La ley establece que la fecha de convocatoria de las elecciones a cámaras la determinará el Gobierno, una vez consultadas las organizaciones agrarias de ámbito nacional. El mandato de los miembros elegidos oscilará entre tres y cinco años.

La organización, elaboración de censos y sistemas de votación serán regulados por las comunidades autónomas que tengan atribuidas las competencias al respecto.