Del total de los 309 votos emitidos, 295 fueron favorables,1 en contra y 13 abstenciones.

El acuerdo alcanzado en su día en el Parlamento balear entre el PP y el PSOE en torno al Estatuto ha facilitado su tramitación parlamentaria en el Congreso, una de las más rápidas de cuantas reformas se han celebrado hasta el momento.

El mayor reconocimiento por parte del Estado del carácter de insularidad de Baleares y el compromiso de mejorar su financiación llevó al PP a rebajar su pretensión de introducir a toda costa en el texto una cláusula por la que se fijaba una financiación de 3.000 millones extras.

La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de abrir el debate parlamentario afirmando que el texto balear "aúna igualdad y diversidad", así como "cambios profundos".

"No estamos ante una mera reforma parcial y superficial. Este es un Estatuto", señaló, "distinto y adaptado a los nuevos tiempos".

Siendo ésta la cuarta reforma estatutaria que llega al Congreso con suficiente consenso político, aprovechó la vicepresidenta para afirmar que "la constancia de los hechos confirma lo que este Gobierno siempre tuvo claro, que las reformas, lejos de ser un problema, se han realizado con normalidad".

"Desde el primer momento", agregó, "el Gobierno ha tenido claro que el proceso de reformas responde a esa evolución natural de las comunidades autónomas, cuyo cambio deben impulsar las propias comunidades".

PACTO RESPETADO

El diputado socialista en el Congreso y secretario general del PSOE balear, Francesc Antich, mostró su satisfacción por el resultado "muy destacado para los ciudadanos de Baleares" del acuerdo alcanzado en su día con el PP, y subrayó que en el proceso de debate en las Cortes "haya respetado" aquel pacto".

Estimó Antich que el Estatuto, que reconoce a Baleares como una nacionalidad histórica, lleva a convertir a aquélla en una "comunidad autónoma de primera", además de suponer una "extraordinaria mejora de las instituciones (...) con un sustancial avance de los consells insulars" en materia de competencias y autonomía.

Por el Grupo Popular, la responsable de defender en la Cámara el contenido del texto estatutario fue la diputada por Baleares María Salom, quien afirmó que durante el proceso de este Estatuto Baleares "ha hecho valer la voz de la cordura y el sentido común frente a otras reformas cuyos promotores han hecho en algunos casos el ridículo".

Valoró que el Estatuto establezca el compromiso de fijar un régimen económico especial balear, pues, subrayó, la insularidad "supone unos sobrecostes a todos los niveles".

"El hecho insular", explicó, "condiciona toda nuesta forma de ser, la economía productiva y la doméstica, nuestra población", agregó, "ha aumentado en cuatro años un 25%; por ello requeríamos de unos recursos que palíen el coste" que supone estos hechos.

EQUIPARACIÓN LINGUÍSTICA

IU y ERC, que votaron contra el texto, centraron buena parte de sus respectivas intervenciones en lo que, a su juicio, es pobre reconocimiento de la lengua catalana en la reforma.

Así, la diputada de IU Isaura Navarro señaló que no se garantiza jurídicamente la igualdad entre el castellano y el catalán, mientras que el diputado de ERC Agustí Cerdá aseguró que la equiparación lingüística "es un problema para muchos ciudadanos".

Incidió en ello también el diputado de CiU, Jordi Xuclá, quien afirmó que "es indispensable que este Estatuto reconozca la unidad de la lengua catalana".

El enfrentamiento político entre el PSIB-PSOE y el PP balear a propósito de las supuestas implicaciones del Gobierno balear en el "caso Andratx" no ha interferido de ningún modo en el desarrollo final de la tramitación parlamentaria de la reforma. A ello se comprometió reciente y públicamente el propio Antich, interesado en desvincular una cosa de otra.

De hecho, el propio Antich rehusó hoy hablar con los periodistas sobre este presunto caso de corrupción por considerar que esta jornada era día para hablar sólo del Estatuto.

La vicepresidenta de Baleares, Rosa Estarás, encabezó la delegación que acudió a Madrid en representación del Govern, con la presencia también del presidente del Parlamento regional, Pere Rotger, y el portavoz del PP en la Cámara balear, Josep Huguet, entre otros.