Este texto se ha promovido a iniciativa del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria.

Es la primera vez que se regula en España la actividad de entidades no financieras que ofertan créditos. De este modo, la nueva ley impone a éstas entidades obligaciones hasta ahora exigibles únicamente a las entidades financieras.

Asimismo, articula un régimen jurídico específico al que quedarán sometidas las empresas que realicen operaciones de intermediación, con particular detalle para los supuestos de reunificación de créditos o préstamos.

Además, la ley establece un marco de transparencia y garantías de información que han de cumplir las entidades que se dedican a la actividad de concesión de créditos hipotecarios o a la intermediación y asesoramiento para la celebración de contratos de préstamo y crédito.

Estas empresas, al no ser entidades financieras, no estaban sometidas a la regulación vigente para este tipo de entidades ni a la supervisión del Banco de España, sino al marco de la legislación general de protección de los consumidores.