La 'ley Pertierra', una de las más conflictivas tras la puesta en marcha de la LOGSE, contó con 178 votos favorbles de los grupos del PSOE, CiU y PNV, 154 en contra y una abstención. La permanencia del pago delegado a los profesores fue apoyada por toda la Cámara, pese a que el PP, IU y PNV votaron lo contrario en el Senado.

La tramitación parlamentaria de la 'ley Pertierra' no ha estado exenta de polémica, ya que además de contar con la oposición de los sindicatos de profesores y los estudiantes, otros sectores, como la CEAPA, le retiraron su apoyo inicial por estimar que las Cámaras estaban "desnaturalizando el contenido del proyecto.

El Congreso ha incorporado finalmente una veintena de enmiendas: se amplía el mandato de los directores de los centros a 4 años, las comunidades autónomas aumentan su independencia en la ejecución de la ley y se convierte en obligatoria la integración de alumnos con necesidades especiales (minorías étnicas, inmigrantes y niños con discapacidades) en los colegios con algún tipo de subvención pública.

Las asociaciones de padres han conseguido la reserva de un puesto en e consejo escolar de cada centro a un miembro de la APA más representativa, en el caso de la enseñanza reglada, o un representante empresarial, en el caso de la FP.

Uno de los puntos más conflictivos, que articula la Dirección de los centros, prevé el reforzamiento del papel de los equipos directivos, lo que ha provocado la oposición de los profesores y algunas asociaciones de padres y el visto bueno de las patronales de enseñanza.

Las asociaciones de padres han considerado también como una "privaización encubierta" de la enseñanza pública la obtención paralela de recursos a través del alquiler de las instalaciones de los centros fuera del horario lectivo.

El debate en el Congreso se ha centrado en la supresión del pago delegado a los profesores de la enseñanza concertada, cuya aprobación en el Senado provocó la ira de los sindicatos, que iniciaron un calendario de movilizaciones que culminó en una huelga convocada ayer por STEs y CNT, que tuvo un desarrollo desigual.

RECTIFICACION

La rtirada del pago directo de subvenciones a los docentes fue rectificada hoy por los grupos de votaron a favor en la Cámara Alta. El portavoz de Izquierda Unida alegó "un error en la votación del Senado", mientras que Andrés Ollero, portavoz de Educación del PP, dijo que su grupo había votado favorablemente, "pero la retirada del pago delegado no estaba en el proyecto recogido en nuestras noventa y seis enmiendas".

Esta enmienda, que fue retirada con los votos de todos los grupos del Congreso, supondría según Jerónimo Nieto, portavoz del Grupo Socialista, "un mazazo para los logros de la LODE", y una "actuación antiprogresista", en palabras de Pilar Rahola, que intervino como portavoz del Grupo Mixto.

En el apartado de evaluación, la ley impulsa un criterio de valoración de los centros al final de cada curso que tiene presente el contexto económico (la mayor o menor capacidad para generar recursos que reviertan en la calidad de la enseñanza) y social (si estudian en el centro niños con necesidades epeciales) de cada colegio.

Respecto al cuerpo de inspectores, la aprobación de la 'ley Pertierra' obliga a aprobar una oposición para acceder a una de estas plazas, así como un ejercicio profesional de al menos diez años. En el acceso, el MEC tendrá en cuenta los años de ejercicio en la dirección de un centro y, en el caso de Enseñanza Secundaria, ser catedrático.

DESCONTENTO

La tramitación final de la ley ha contado con el rechazo de los sindicatos, que han anunciado ya nuevas movilizaciones. oy mismo, un millar de delegados sindicales, profesores y alumnos se han manifestado frente al Congreso mientras se debatían sus enmiendas.

Los padres se encuentran divididos entre los que defienden que la ley ha evolucionado a una mayor privatización de la enseñanza pública, como denuncia CEAPA, y los que consideran que hay un progreso en la gestión privada de los colegios, como afirman los padres de la CONCAPA.

El presidente de la CEAPA, Francisco Delgado, ha manifestado a Servimedia que su conederación recurrirá algunos artículos de la ley referentes a la participación, por estimar que los padres de la enseñanza pública tienen menos poder de decisión que los de la privada.

Las patronales alaban el articulado de la ley porque creen que se aplicarán principios típicos de la gestión privada en la pública, como es en el caso del alquiler de las instalaciones de los centros fuera del horario escolar.

Sin embargo, tanto la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) como la patronl católica Educación y Gestión consideran que se endurecen las multas por faltas graves en la gestión de los colegios.