EL CONGRESO APRUEBA LA LEY DE PARTIDOS CON EL APOYO DEL 93% DE LA CAMARA

MADRID
SERVIMEDIA

El Congreso de los Diputados aprobó hoy, con los votos favorables de PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria, la Ley de Partidos Políticos. El texto recibió 304 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.

EL Pleno de hoy debatía las enmiendas parciales que continuaban vivas tras su paso por la omisión Constitucional, en la que se aceptaron algunas de las propuestas del PSOE y CiU. Todas las restantes fueron rechazadas esta tarde.

La pastoral de los obispos vascos hecha pública el pasado jueves fue utilizada como comodín de la argumentación de los partidos que se oponen al proyecto y rebatida firmemente por el secretario general del PP, Javier Arenas.

El texto votado esta tarde será remitido al Senado, donde, si no se introduce ninguna modificación, quedará definitivamente aprobado sin ecesidad de volver a la Cámara Baja, con lo que la tramitación parlamentaria de la Ley de Partidos podría culminar en junio.

Los grupos que votaron en contra de este proyecto esgrimieron dos argumentos fundamentales, que el texto divide a los demócratas y que rompe el consenso unánime con el que se aprobó la anterior Ley de Partidos Políticos. Pese a ello, el 93 por ciento de la Cámara votó a favor.

El secretario general del PP, Javier Arenas, afirmó que esta ley, que es "impecable" desde el punt de vista constitucional, sólo pretende que "los que demonizan el contraste, la diferencia y las ideas, dejen de acabar con sus adversarios con la única dialéctica que entienden, la del tiro y la extorsión".

A los que rechazan la reforma de la ley, les dijo que es "un error responder con la pasividad a iniciativas que pretenden defender la democracia", y aseguró que no es posible mayor fractura social que la que se produce por el hecho de que una parte de la sociedad vasca está bajo amenaza de muerteextorsión.

DISFRAZ DE DEMOCRACIA

En cuanto a la pregunta formulada por IU de por qué no se ha actuado contra Batasuna en los seis años de Gobierno del PP, respondió que en aquel momento el referente político era Ajuria Enea, y no Lizarra, y además, estos años han servido para certificar la identidad "absoluta" de ETA con un partido que se "disfraza" de democrático.

Así, apuntó que no se puede dudar, como hacen los obispos vascos, de la vinculación de Batasuna con la banda terrorista cuando haymás de 50 militantes de la formación "abertzale" detenidos por actividades relacionadas con el terrorismo, y preguntó a los prelados cómo es posible "el diálogo de la palabra con la pistola".

El diputado socialista Diego López Garrido defendió esta norma porque una ley que "intenta quitar de la vida democrática" a una organización que instiga a la violencia "siempre es positiva, y tiene que ser eficaz", pues el "daño político" que hace un partido que tiene "la violencia en su ideario" es "enorme"

"En la cultura europea no hay sitio ya para que la violencia sea un actor de la política", prosiguió. Remitió a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra los recursos de Segi y Gestoras, según la cual "el Estado democrático tiene legitimidad para defenderse contra el terrorismo", y recalcó que "ésta es la ley que haría la UE si tuviera competencias para regular los partidos políticos".

GARANTIAS DEMOCRATICAS

Subrayó que las garantías democráticas que reclaman los grupos que se opoen a la ley, es decir, la irretroactividad y el que no se puedan "perseguir ideas, sino actividades", están plenamente incorporadas al texto, tras la inserción de las enmiendas de PSOE y CiU.

Coalición Canaria, por boca de Luis Mardones, defendió la legitimidad de "la mayoría democrática de consenso" que esta tarde aprobó la nueva Ley de Partidos Políticos y las garantías democráticas que ofrece a toda la sociedad el texto, que es "irreprochablemente constitucional" y está "al servicio de la paz y delpueblo vasco".

CiU se abstuvo en la votación de las enmiendas parciales que continuaban vivas, y solicitó la votación separada del párrafo de la ley en el que se contempla la posibilidad de que el Congreso o el Senado inicien el proceso de ilegalización instando al Gobierno a que acuda al fiscal general.

Entiende que esta posibilidad puede suponer una violación del principio de separación de poderes y que en ningún caso la ilegalización de un partido puede quedar en manos de otras fuerzas polítics, aunque sea a través de la expresión de la soberanía popular en las dos Cámaras legislativas.

Aceptada su petición, los convergentes votaron en contra de este punto pero apoyaron el dictamen final. Su portavoz de Justicia, Manel Silva, explicó que con las enmiendas introducidas al texto "queda perfectamente salvaguardado el principio de libertad ideológica", que era la principal preocupación que producía el propoyecto en su redacción inicial.

AUTOPISTA DE PEAJE

El diputado de Izquierda Unida uis Carlos Rejón argumentó que esta ley de partidos políticos "ataca el Estado de derecho y la división de poderes", rompiendo "el principio de individualidad de la responsabilidad" sin dejar claros los límites a la retroactividad.

Criticó las "prisas" con las que se intenta aprobar esta ley, para aparentar "que se están moviendo, que están haciendo muchas cosas", y ofrecer "una autopista de peaje" para ilegalizar Batasuna sin haber utilizado los caminos que ya existían para ello por falta de "volunta política".

Se preguntó por qué en estos seis años de gobierno del PP no se ha intentado ilegalizar a Batasuna por la vía penal, quizá porque Aznar, al borde de ser elegido presidente del Gobierno en 1996, dijo en una entrevista concedida a un semanario que la ilegalización de la formación abertzale era "estéril y equivocada". Según Rejón, eso demuestra que "tenemos que estar al son del tambor que toca en cada momento".

Rejón se planteó qué pasaría si el fiscal general del Estado lleva al Supremo a instancias del Gobierno, la ilegalización de Batasuna, y éste la rechaza. "¿Qué ocurriría entonces, cesaríamos al tribunal, dimitiría el Gobierno, o entonces le entregaríamos una doble victoria a los asesinos?", inquirió.

RUEDAS DE MOLINO

En representación del PNV, Josu Erkoreka acusó al Gobierno de querer hacerles "comulgar con ruedas de molino", y reprochó que al PP que haya abierto "el melón de la reforma" pretendiendo después que se circunscribiera a los aspectos que deseaba el Ejecutivo y si que el resto de los partidos hayan podido defender los aspectos que consideran oportunos.

Citó a José María Pemán, quien decía de José Antonio Primo de Rivera que "saltaba como si hubiera tocado un hierro ardiente al oir las palabras partido y política", para llamar la atención sobre el hecho de que esta Ley de Partidos incide "obsesivamente" en la ilegalización o disolución de los partidos. Se diría que "ha sido elaborada por alguien a quien no gustan los partidos", apuntó.

El diputado de IC Jon Saura recalcó que hay "suficientes formas para perseguir con el Código Penal" a quienes practican o apoyan la violencia, y opinó que la ley sólo servirá para "generar más crispación y más radicalización en la política vasca y española". Puso como ejemplo la pastoral de los obispos vascos, con los que coincidió en las "consecuencias imprevisibles" de la ilegalización sobre la estabilidad política y social de Euskadi.

"CARNAZA ELECTORAL"

Por su parte, Carlos Ignacio Aymerich, del BNG, apuntó que "sediga lo que se diga, el texto de la ley proscribe ideas", y advierte de que, tal y como está formulada, "blinda al PP y el PSOE y sitúa a todos los demás partidos, a sus competidores, bajo peligro de disolución".

Joan Puigcercós, de ERC, subrayó que "el algodón democrátrico no engaña aunque se ha rebajado el tono autoritario de la ley", que "sólo busca carnaza electoral para la España española", sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos vascos.

La diputada de EA Begoña Lasagabaster opinó qe este "precocinado legislativo", genera "confrontación y no resuelve nada", pues ya hay medios legales para ilegalizar un partido. Aunque se han modificado el proyecto original, considera que se ha optado por "un mal menor", que no deja resueltas las dudas sobre la retroactividad de la ley y el encaje con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(SERVIMEDIA)
04 Jun 2002
S