El Gobierno decidió la modificación de esta norma a la vista de las deficiencias detectadas en la anterior en lo relativo a protección contra incendios.

Durante el debate parlamentario, la portavoz socialista, Sara Luisa Carcedo, defendió que la modificación de la Ley de Montes de 2003 contribuirá a la "gestión sostenible" de las masas forestales.

Además, afirmó que aumenta la protección de los montes, con la creación de la figura de los "montes protectores", que podrán ser considerados como tales independientemente de que su titularidad sea pública o privada, algo que, para el PP, atenta contra la propiedad privada, cuya autorización no será necesaria para que un monte se declare protegido.

Carcedo sostuvo que, además, introduce severas medidas contra la urbanización no ordenada y los incendios forestales. En este sentido, la modificación legal establece el refuerzo de la vigilancia y de la autoridad de los agentes forestales y la prohibición de cambiar el uso del suelo incendiado durante un periodo de 30 años.

Según el PP, esta medida es "demagógica", ya que, según María Teresa de Lara, los incendios con modificación del uso del suelo suponen sólo un 0,01% del total. A su juicio, esta disposición no servirá para acabar con los fuegos y es sólo "una cortina de humo para tapar algunas actuaciones".

Además, De Lara estimó el período en que el suelo debe permanecer sin ser utilizado ha de depender de cada caso concreto y del tipo de suelo de que se trate, por lo que no se debería establecer un período fijo de 30 años.

La diputada del PSOE elogió la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente, porque "actuará contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales", a la vez que se endurecen las sanciones.

Según el PSOE, esta modificación "profundiza en la gestión de las comunidades autónomas" y elimina conflictos de competencias, un argumento con el que coincidieron CC y PNV, no así ERC, cuya diputada Rosa Maria Bonàs manifestó que esta ley vulnera las competencias autonómicas y defendió que el Estado sólo puede definir "unos objetivos generales".