Los tres textos, que se debatieron conjuntamente tras tramitarse por el procedimiento de urgencia con los votos de PSOE, PP y PNV, recibieron en torno a 273 ‘síes’, 60 ‘noes’ y 3 abstenciones.

Con estos proyectos de ley, se aprueba la metodología que establece el cupo vasco en 1.467 millones de euros anuales para el quinquenio 2022-2026, como se acordó en la Comisión Mixta del pasado 17 de noviembre. Asimismo, se actualizan los conciertos económicos con el País Vasco y Navarra para que ambas comunidades gestionen los nuevos impuestos aprobados durante el último año –entre ellos, el gravamen a las grandes fortunas–.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, subrayó que estos tres proyectos de ley dan cumplimiento a la Constitución y reproducen adaptaciones que son “bastante frecuentes”.

Reprochó así a Ciudadanos y Vox su “desconocimiento” tanto de la “realidad” como de la “pluralidad” de España, y los acusó de formular un discurso “anticonstitucional” para redoblar su apuesta por un “país monocolor”. “Negar la foralidad es negar la Constitución pero, sobre todo, es no entender ni a España ni a Euskadi ni a Navarra ni tampoco el sentido de los ciudadanos”, apostilló.

“ESTAFA”

Acto seguido, tomó la palabra Inés Arrimadas, expresidenta y diputada de Ciudadanos, quien cargó, sobre todo, contra el cálculo del cupo vasco. Rescató unas declaraciones de Montero en 2017 en las que rechazaba la metodología establecida para estimar el importe anual que el Estado debe traspasar al País Vasco, y explicó este cambio de parecer de la ministra en su paso por “el túnel de lavado de principios” de Pedro Sánchez.

Para Ciudadanos, los 1.467 millones suponen una “nueva estafa” a los españoles porque se han negociado “a puerta cerrada” y “bajo el chantaje” del PNV. En este sentido, pidió aclarar cómo se ha calculado este importe y reprobó que no se permita escuchar en sede parlamentaria las estimaciones de los expertos al tramitar el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia –lo que evita la presentación de informes preceptivos y la comparecencia de representantes de la sociedad civil–.

“Nosotros evidentemente reconocemos que [los conciertos vasco y navarro] están reconocidos en la Constitución. Pero lo que no es constitucional es el chanchullo del negocio del cupo vasco, que no es un cálculo. Por eso, les anuncio que ninguno de los diputados que suba hoy aquí a atacarnos podrá explicar de dónde salen los 1.467 millones. Porque no lo sabe ni usted, señora Montero. Porque no lo puede justificar”, declaró Arrimadas, quien, no obstante, se mostró a favor de recentralizar competencias en este sentido.

En la misma línea fue María Cañizares, diputada de Vox, que acusó al Gobierno de Sánchez “los únicos inconstitucionales” por tener tres sentencias en contra “por pisotear” la Carta Magna, y que deploró que el debate se haya reducido a “un paripé” por la “complicidad” del bipartidismo.

Además, en adición a las exposiciones de Ciudadanos, Vox mostró su oposición a los conciertos vasco y navarro por ser “regímenes económicos especiales” que “profundizan en las desigualdades entre los españoles sometidos al régimen común”.

PP Y PNV

Desde el PP, el diputado Gabriel Elorriaga rehusó responder a las críticas de Vox y Ciudadanos y centró su intervención en criticar “la chapuza fiscal” del Gobierno, que ha derivado en la actualización de los conciertos económicos con País Vasco y Navarra.

Por parte del PNV, la diputada Idoia Sagastizabal lamentó “las constantes apelaciones injustas” de Ciudadanos y Vox al cupo vasco, así como su “desconocimiento” de la Constitución, y señaló que sus “críticas interesadas” tienen “poco rigor” y “dificultan” cualquier acuerdo “en un momento en el que los desencuentros y los agravios residen en el debate público”.