En nombre de ERC, Joan Ridao, anunció su apoyo global a esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque lamentó "profundísimamente" el recorte de la jurisdicción universal acordada por el PP y el PSOE, que también será votada por CiU y PNV.

Según dijo, esa jurisdicción es una "conquista irrenunciable propia de una sociedad democrática y avanzada", y constituye un"avance decisivo en defensa de los derechos humanos en una sociedad global" donde persiste "crímenes odiosos de especial gravedad que conculcan los más básicos derechos fundamentales".

Gaspar Llamazares, de IU-ICV, dijo que "hoy es un día triste para la justicia universal, para la defensa de los derechos humanos y para la jurisdicción universal y el liderazgo de la justicia española" en esta materia.

"Hoy sólo brindarán con champán los halcones de Guantánamo o los halcones de Gaza", denunció Llamazares, quien criticó que el recorte se lleva a cabo "de tapadillo" con una "reforma exprés" para que "no haya debate público y evitar el debate parlamentario". También el BNG se manifestó contrario a la limitación de la jurisdicción universal.

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, insistió en que la implantación de la Oficina Judicial será una mejora objetiva para la justicia del siglo XXI. En relación con la jurisdicción universal, dijo que los responsables de crímenes de lesa humanidad podrán seguir siendo juzgados en España, excepto si están investigados en el país donde se cometieron los delitos o cuando se inicie un proceso penal intenacional.

NO A LA IMPUNIDAD

"No se trata de favorecer la impunidad", se defendió el portavoz socialista, "sino de racionalizar la regulación con la voluntad inequívoca de que estoso delitos sean perseguidos y juzgados", aseveró.

En nombre del PP, Dolors Montserrat, criticó el retraso de la implantación de la Oficina Judicial y el trámite apresurado de la reforma. En materia de jurisdicción universal argumentó que la intención es "homologar nuestra legislación con la europea" y afrontar el problema de que "muchas de las sentencias son inejecutables y afectabana las relaciones internacionales, generando conflictos diplomáticos".

El portavoz de CiU, Jordi Jané, exigió al Gobierno el cumplimiento del "solemne acuerdo" que alcanzó con el Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y adaptarla a la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía. "No podemos esperar más", aseguró Jané que instó al Ejecutivo a presentar cuando antes un texto que implique "respetar las competencias de las comunidades autónomas" en materia de justicia.

Emilio Olabarría, portavoz de Justicia del PNV, dijo no entender la posición de quienes se oponen a la reforma de la jurisdicción universal porque "se establecen nuevos delitos" perseguiblesy se garantiza "la legitimidad de los tribunales españoles para (juzgar) presuntos responsables de crímenes contra la humanidad que se encuentren en España, cuando haya víctimas españolas, o que se pueda constatar algún vínculo de conexión relevante con España".

Eso permite a "culquier juez de instrucción de la Audiencia Nacional" actuar y por eso el PNV no comprende "tanto aspaviento" de IU y ERC en este asunto.