Así lo confirmaron fuentes parlamentarias, quienes comentaron que esta iniciativa parlamentaria iba acompañada de una nota de los letrados con exposición de motivos y antecedentes, pero no de un informe, ya que cuando se trata de un tema que es “muy claro” no es necesario.

En este sentido, explicaron que hay “un montón” de “jurisprudencia” en el Congreso y que no había discusión en que esta iniciativa se iba a admitir a trámite porque “nunca” se ha tumbado ninguna y se han presentado “más de cuarenta proposiciones de ley” que tenían como objetivo transferir o delegar competencias del Estado.

Asimismo, las citadas fuentes señalaron que la Mesa de la Cámara Baja rechazó la petición de Vox de inadmitirla a trámite por su “manifiesta incompatibilidad con el orden constitucional”, así como la recusación del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, en el proceso de calificación y admisión a trámite de esta iniciativa por estar “contaminado”.

En relación a cuándo se debatirá esta proposición de ley en el Congreso, fuentes parlamentarias destacaron que por el momento no hay fecha, que dependerá de los cupos de los partidos que impulsan esta iniciativa y que, de cara a fijar un día, tendrá que verse antes en la Junta de Portavoces.

APOYOS PARLAMENTARIOS

Desde Junts defienden que se trata una iniciativa “muy simple” y “muy clara” que “simplemente” detalla los ámbitos en los que, a partir del artículo 150.2 de la Constitución, el Gobierno “delega unas competencias”, las de inmigración, a la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, dejan claro que “no hay letra pequeña”.

Por el PSOE, consideran que “hay más proponentes que también quieren sacarla” y piden “hacer juntos ese esfuerzo” para avanzar en las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios porque “hasta última hora no está asegurado el voto, como en todas las votaciones”, señalaron en alusión a Sumar y a Podemos.

Podemos fue uno de los primeros partidos que se opusieron a esta iniciativa al considerarla “racista” y amenazó con tumbarla cuando se debata. Esta formación considera necesario que la iniciativa legislativa popular para regularizar a medio millón de inmigrantes, cuya tramitación fue aprobada en abril de 2024, avance.

Por su parte, en Sumar hay opiniones divididas en relación con esta iniciativa. Aunque sí están a favor de la delegación de competencias, algunos miembros de este grupo no comparten algunos aspectos que incluye el texto. “No vamos a comprar los marcos de la extrema derecha, hablen catalán o hablen español”, dijo el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.

Finalmente, desde el PP, Alberto Núñez Feijóo colocó la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat como “probablemente la cesión más grave” de “la historia constitucional” de España. Y avisó de que pone en entredicho la seguridad nacional porque supone un “desmantelamiento del control fronterizo de extranjería y de inmigración”.