“Las empresas necesitan una articulación eficaz de los mecanismos de vigilancia de mercado y la limitación de la competencia desleal de operadores ilegales. No puede bajarse el nivel de control de productos puestos en el mercado europeo, muy especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de las legislaciones medioambiental y laboral, tan estrictas en Europa como permisivas en otras áreas geográficas”, advierte el editorial recogido en el último boletín mensual de coyuntura publicado cpor Confemetal.

Esta patronal sectorial del metal señala también que “tampoco es menor la preocupación en los sectores industriales por la regulación del comercio electrónico, con fórmulas como la venta online o los market-place que, instaladas en limbos normativos, suponen una competencia desleal con las prácticas reguladas en el mercado interior”.

Pero al margen de esa vigilancia de mercado que proteja a los productores europeos que cumplen “estrictamente” con las normas, en opinión de Confemetal, estas deben estar “armonizadas, ser razonables y estar ajustadas a la realidad de la actividad empresarial y no añadir cargas administrativas y costes económicos que siempre suponen ineficiencias y lastran la productividad y la competitividad de las empresas europeas”.

A su juicio, sobre esas premisas de armonizar las normas, evitar la sobrerregulación y reducir las cargas administrativas, el Sector Industrial, la Tecnología, los Servicios y el Comercio asociados a él necesitan una autentica simplificación administrativa y la aplicación del principio "one-in-one-out" de la Comisión Europea que establece que cada incremento en cargas ha de ir acompañado de la eliminación de otra ya existente.

“Otro de los problemas a los que se enfrenta la industria europea es la fragmentación que supone la demasiado habitual implementación inadecuada de las normas europeas por los Estados miembros a la que se añaden, en muchas ocasiones, nuevas regulaciones restrictivas en instancias administrativas inferiores que abonan la fragmentación y convierten el Mercado Único en una quimera”, prosigue el editorial.

También explica que se hace “necesario velar” por que el Instrumento de Emergencia del Mercado Interior (SME I, por sus siglas en inglés) “abarque sólo situaciones de gravedad excepcional y respete los principios de proporcionalidad y necesidad, sin imponer cargas desproporcionadas sobre los operadores económicos, muy especialmente a las Pymes cuya fragilidad ante estos procedimientos es mayor”.

También cree que es “imprescindible” asegurar que el marco europeo de reporte corporativo en materia de sostenibilidad sirva para evitar la proliferación de leyes nacionales, el solapamiento de las propuestas legislativas aprobadas y en tramitación, y sobrecargas administrativas y regulatorias innecesarias.

Además, considera que “es necesario que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tengan el margen suficiente para adaptar la información a divulgar según su tamaño, sector y modelo de negocio”. En este sentido, defiende que “el compromiso de reducción de las cargas de reporte es especialmente relevante ante la adopción y tramitación de nuevas iniciativas y en la revisión de las ya existentes”.