Según la Asociación El Defensor del Paciente, en la sentencia se analiza "el deficiente consentimiento informado en cuanto a la intervención quirúrgica, en tanto que al paciente se le informa de que es el único tratamiento posible (descartando otros no quirúrgicos)", y "no se le advierte de los riesgos entre los cuales se encontraba el de perforación de vesícula".

Se imputa también a la administración sanitaria, un "manifiesto retraso en el diagnóstico atendiendo a que durante más de un año, el paciente presentó alteraciones en la orina que no respondían a tratamiento antibiótico (se pensó siempre en una infección)", que "tenían que haber hecho pensar en la posibilidad de un tumor, el cual, cuando es diagnosticado, ya había afectado a otros órganos".