Los magistrados consideran probado que el ahora penado “diseñó y ejecutó una estrategia para evitar los embargos sobre su patrimonio y así obtener finalmente una ganancia patrimonial” en noviembre de 2013 ante la demanda que le había presentado una empresa por no pagar una máquina astilladora para trabajos forestales que había adquirido a principios de 2010.

Así, ante el juzgado de Primera Instancia que tramitaba la demanda, presentó un documento falso consistente en un "acuerdo de novación" suscrito por ambas partes donde había alterado tanto el membrete de la empresa vendedora de la máquina como la firma de su gerente.

Además, presentó una querella contra el citado gerente en la vía penal en el que le atribuía falsamente un delito de estafa procesal, todo ello a fin de paralizar el procedimiento civil y dejar sin efecto el embargo de sus bienes por los impagos. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.