Los hechos tuvieron lugar el cuatro de enero de 2000 en el Hospital de la Seu d'Urgell, y, dado que la paciente presentaba un bulto en el pecho, se le realizó una biopsia que dio como resultado la falta de material necesario para hacer una valoración definitiva.

A pesar del resultado de la prueba practicada, el ginecólogo lo calificó como fibroma benigno, y se le prescribió Progestogel. Cinco meses después, y por iniciativa de la propia paciente que notaba que el bulto aumentaba, fue visitada en la Clínica Teknon, donde se le diagnosticó la existencia de una formación bilolubada y realizada una punción PAAF se le diagnosticó un carcinoma ductal infiltrante de grado histológico II, según el relato de la Asociación.

La sentencia establece que no se hicieron las pruebas necesarias para llegar a un diagnóstico y se provocó un retraso en el mismo. Así, se condena a la Administración autonómica por el daño moral causado a la paciente por el retraso diagnóstico.