En el juicio se consideró suficientemente acreditado que el acusado, abogado en ejercicio, fue asesor legal de Francisco Jesús C. M., a quién se nombró albacea, contador y partidor de la herencia de su tío Alberto C. En dicho testamento se nombraba heredera universal de todos sus bienes, derechos y acciones, a su nieta, la querellante Silvia C. G.

Una vez fallecido el causante, el albacea encargó realizar el cuaderno particional de la herencia a su abogado Pedro G. R.. Los bienes inventariados ascendieron al valor de 2.188.563,33 euros, constando en la citada escritura la expresa voluntad de la heredera universal, Rosa Silvia C. G., que Francisco Jesús C. M., realizara las funciones del albaceazgo encomendadas por el testador.

La herencia tenía un pasivo de 42.242,17 euros, por tanto, el valor neto de la herencia era de 2.146.321 euros. A los dos hijos del causante, en pago por la legítima estricta, les correspondió la suma de 238.480,12 euros a cada uno, y a la querellante como heredera universal por el resto de la herencia, la cantidad de 1.669.360,88 euros.

Sin embargo, la heredera universal no tuvo conocimiento del cuaderno particional hasta que años después obtuvo una copia en la propia notaría, aunque firmó un borrador preparado por el acusado, tomando conocimiento de que los legados de los que eran beneficiarios sus tíos se pagarían en metálico, como consta en el referido documento privado suscrito por el albacea y los herederos, el día 24 de julio de 2008.

Así las cosas, el ahora condenado, puesto de común acuerdo con el albacea y sin conocimiento de la querellante, realizó las operaciones tendentes a la liquidación del impuesto de sucesiones de la herencia del fallecido, en octubre de 2008, sin que ésta tuviera conocimiento de la misma, hasta que recibió en su domicilio la notificación de haberse realizado.

Sorprendida, se puso en contacto con su tío, el albacea Don Francisco Jesús C. M., que le informó que la herencia había sido aceptada, en su nombre por el acusado Don Pedro G. R., el 1 de agosto de 2008, sin contar con poder para ello, haciéndose constar en la escritura de aceptación de la herencia, que no constaba acreditada la representación y sin que se haya ratificado la aceptación de la herencia por la querellante Rosa Silvia C. G.

Estas operaciones testamentarias eran imprescindibles para que el albacea dispusiera de los bienes hereditarios a su antojo, como así hizo, con absoluto desconocimiento por parte de la heredera universal. El albacea entregó por cuenta de la herencia a la querellante, dos cheques por importe de 398.000 euros, y no le hizo entrega de los 617.263,11 euros restantes.

Esta resolución aún no es firme y para su impugnación puede formularse el correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.