El juez Javier Muñoz inició hoy as diligencias del denominado Caso Calviá, el intento de soborno al concejal socialista José Miguel Campos ocurrido en 1.992, tomando declaración a Bordoy en calidad de testigo, y a Eduardo Vellibre, ex presidente del PP de Calviá y candidato a la alcaldía en caso de haber prosperado el soborno, como imputado.

Bordoy, ex vicepresidente del PP de Calviá, y Vellibre ya declararon por el caso Calviá, en marzo y abril de este año ante el titular del juzgado de instrucción número tres de Palma, José Castro El magistrado se inhibió del caso en favor del Tribunal Superior el pasado día 24 de mayo, al considerar que Cañellas, que goza de la condición de aforado, debía declarar como imputado.

Bordoy explicó a los medios informativos que su declaración había sido igual que la realizada ante el juez Castro el pasado día 27 de marzo, en la que aseguró que Cañellas "autorizó" la operación. El magistado Javier Muñoz, según Bordoy, pidió hoy más datos sobre los pagos a los abogados defensores de los tres condenaos por el Caso Calviá (Bordoy, Miguel Deyá y Guillem Ginard) a los que hizo frente el Partido Popular en la primera parte de la instrucción del sumario.

Bordoy aseguró que el magistrado ordenará el levantamiento del secreto profesional de uno de los letrados para que pueda aportar datos sobre las minutas. El condenado por intento de soborno afirmó que la declaración se había centrado también en una reunión que mantuvo con Cañellas y el ex diputado del PP Francisco Gilet después del estallido del escánalo. Cañellas, según Bordoy, aseguró que iba a destruir unos "documentos comprometedores", tras enterarse de que la Policía había registrado la farmacia propiedad de Bordoy.

Vellibre no quiso hacer declaraciones al abandonar el Tribunal Superior. Su abogado, Javier Clastres, aseguró antes de la comparecencia que "Vellibre no aportará novedades respecto a su anterior declaración ante Castro". En ella, el ex Presidente del PP de Calviá exculpó a Cañellas, asegurando que la operación había sido impulsadapor Bordoy.

La Audiencia Provincial de Palma condenó en 1.993 a Bordoy, Deyá, ex asesor urbanístico del PP, y a Guillem Ginard, ex presidente del Real Mallorca, a penas que oscilan entre cuatro y seis meses de cárcel y una multa de cien millones por intento de soborno. El juez Castro reabrió el caso en febrero por los nuevos datos aportados por Bordoy.

El miércoles declara como imputado el ex diputado popular Francisco Gilet, "cerebro" de la operación, según Bordoy.