Entre esas decisiones del juez Moreiras figura la fianza 'record' de 105.000 millones a los implicados en el caso Brokerval; la fijación de una responsabilidad civil de 65.000 millones en el caso de la PSV, que luego rebajó a 45.000; y la imposición de una fianza inicial al Sntander de 8.000 millones de pesetas, que luego la anuló para fijar otra de 3.500 millones, que finalmente retiró.

Otra acción de gran relieve público fue la decisión de conducir a prisión al empresario Benedicto Alfaro, cuando éste asistía a la boda de su hijo, en relación con el "caso Egea".

Asimismo, Moreiras recibió un duro golpe cuando el Tribunal Constitucional ordenó el pasado mes de julio la excarcelación del ex gerente de PSV Carlos Sotos, al que él mantenía en prisión. El Alto Tribunal eñaló que los autos dictados por Moreiras en relación con este caso "carecen de razones suficientes para justificar el mantenimiento de un riesgo de fuga no conjurable con medidas alternativas a la prisión provisional".

Su traspiés más conocido consistió en rechazar, en enero de 1993, la querella por estafa y falsedad presentada por KIO contra los antiguos gestores del Grupo Torras, encabezados por Javier de la Rosa. La actitud de Miguel Moreiras fue anulada por la Audiencia Nacional, que le ordenó rebrir el caso.

En octubre de 1984 el Consejo General del Poder Judicial le suspendió en sus funciones por un año por falsificar un certificado médico para poder viajar a Estados Unidos.

MUCHOS CASOS ACUMULADOS

Miguel Moreiras, titular del Juzgado Central de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, acumula en su despacho numerosos sumarios, que por su relevancia, ocupan gran espacio en los diferentes medios de comunicación.

Los sumarios de la PSV, el caso KIO, el fraude del IVA por factuas falsas, las cesiones de créditos del Banco Santander, el vaciamiento patrimonial de Macosa, el caso Brokerval, el Banco de Gestión Financiera, la estafa del Banco Europeo de Finanzas y el caso de la Argentia Trust, son algunos de los que tienen entre manos.

Asimismo, intervino como instructor en sumarios como el de la especulación de terrenos de Renfe en San Sebastián de los Reyes, el de los pagarés falsos de Anisa y la supuesta financiación de UGT a través de Enatcar.

A principio de 1993 Moreras vivió uno de los momentos más amargos de sus carrera. El Tribunal Superior de Madrid admitió una querella presentada contra él por un supuesto delito de prevaricación. La querella fue interpuesta por Joaquín González López, acusado por Moreiras de ser el cerebro de una trama de compra-venta de datos informáticos, en una causa cuyas diligencias fueron sobreseídas y su archivo confirmado por la Audiencia de Madrid.