Requero hizo estas manifestaciones en relación a la polémica suscitada en torno a la concesión del tercer grado restringido para Mario Conde y el posterior auto revocador delmismo dictado ayer por el juez de vigilancia penintenciaria.

En declaraciones a Servimedia, Requero señaló que la concesión de beneficios penitenciarios deberían depender de los propios jueces, con el fin de evitar que "sea un medio por el cual el poder político pueda tratar bien a aquellas personas que políticamente le interesa tratar bien".

Asimismo, añadió que el hecho de que algunos beneficios penitenciarios, como el tercer grado, dependan "enteramente" de la administración penitenciaria y, "or lo tanto, del poder político", da lugar a que sea utilizado de manera "torcida" y con criterios que no responden a la reinserción del reo.

Requero admitió que ya existe una cierta judicialización del régimen penitenciario desde el mismo momento en que se presenta un recurso en relación a su concesión, pero recordó que la magistratura no tiene voz en este capítulo hasta que el recurso no llega a sus manos o el fiscal no decide intervenir.

Frente a aquellos que argumentan que ya existe una judicalización del régimen penitenciario desde el mismo momento en que el juez conoce de los recursos interpuestos al mismo, Requero alegó que para que la magistratura tenga parte en esa decisión es necesario que antes se presente un recurso.

Por esta razón, Requero se mostró partidario de que sean los jueces de vigilancia penitenciaria y los tribunales sentenciadores quienes tengan la potestad para decidir sobre los beneficios penitenciarios.