El encuentro al más alto niel se produce un día antes del debate de la Ley de Prórroga del Concierto en el Senado, que tendrá lugar el próximo jueves. El Congreso de los Diputados aprobó esta ley el pasado día 20 con los votos del PP y de Coalición Canaria, mientras que el PSOE se abstuvo e IU, PNV y Grupo Mixto se opusieron a la misma.

Montoro ha dicho en reiteradas ocasiones que la prórroga del Concierto era necesaria para evitar que el proximo 1 de enero se produzca un vacío jurídico, ya que la vigencia del Concierto actual ermina el 31 de diciembre; y que, además, es la garantía para que Euskadi siga teniendo su autogobierno.

En la última reunión entre Montoro, la vicelehendakari y los diputados generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, mantenida el pasado día 12, no fue posible el acuerdo, por lo que el Gobierno decidió seguir adelante con la prórroga del Concierto en los plazos establecidos.

Pese a ello, acordaron seguir negociando hasta finales de año una nueva ley de Concierto Económico Vasco, tal y como exige e Gobierno de Euskadi, que rechazó tramitar el nuevo Concierto a través de una enmienda a la Ley de Prórroga y exigió que se hiciera a través de una nueva ley.

Esta nueva ley deberá seguir todo el trámite parlamentario, por lo que en el mejor de los casos no entrará en vigor hasta los primeros meses del próximo año. Desde el día 12 se han mantenido reuniones a nivel técnico entre el Gobierno central y el vasco, y el miércoles volverán a verse al máximo nivel.

Montoro intentará el miércoles acercarlas posiciones al máximo y llegar a un acuerdo, y, si no es posible, intentará al menos que los vascos apoyen la prórroga del Concierto actual en el Senado, para seguir negociando después la nueva ley.

Según ha dicho el ministro en varias ocasiones, el acuerdo depende de la voluntad política, ya que no hay diferencias sustanciales ni en la cifra del Cupo (la aportación de Euskadi al Estado para financiar competencias no transferidas) ni en el contenido jurídico-fiscal del Concierto.

La cuantía de Cupo y la reclamación del Gobierno vasco de participar con voz propia en las instituciones europeas son los principales escollos en esta negociación.

Los Presupuestos del Estado recogen una aportación de Euskadi al Estado de 191.000 millones de pesetas, a los que habría que sumar 7.000 millones de pesetas más por liquidaciones pendientes, mientras que el Gobierno vasco ha ido modificando esta cifra y ha llegado a rebajarla hasta 150.000 millones de pesetas.