El ministro Albero negó tener abierta una cuenta en Ibercorp, pero reconoció su "dejación fiscal", al no declarar beneficios obtenidos durante su trabajo en la empresa Marie Claire, antes de dedicarse plenamente a la actividad política.

Lo que sí reconoce es que depositó en el despacho de Manuel de la Concha una cantidad de cédulas hipotecarias, que posteriormente, según el relato del ya ex ministro, se convertirían en pagarés del Tesoro y, al final, no serían declarados al Fisco.

En esto momentos, De la Concha tiene abiertos dos frentes de investigación. Por una parte, el judicial, por otra la investigación de la Agencia Tributaria.

De la Concha declaró el pasado viernes 29 ante el fiscal Mariano Fernández Bermejo. Días antes lo había hecho Mariano Rubio. El ex gobernador está acusado de ocultar al Fisco una cuenta de 130 millones abierta en el banco Ibercorp, liderado por Manuel de la Concha y Jaime Soto.

Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria exigía al Colegio de Corredores deComercio de Madrid el libro de operaciones de Manuel de la Concha. Hacienda, como certificó el secretario de Estado Enrique Martínez Robles, sospecha que la cuenta de Rubio puede ser sólo una parte de una bolsa de dinero negro en el que estarían inmersos otros personajes.

En este ambiente, los fiscales encargados del llamado "Caso Rubio" dan un paso adelante y proceden a la detención de Rubio y De la Concha. Lo más curioso es que la iniciativa ha partido del fiscal, un procedimiento excepcional, al qu suele acudirse sólo cuando el ministerio fiscal considera que puede haber peligro de que los acusados puedan "sustraerse a la acción de la justicia", según han declarado a Servimedia fuentes jurídicas.

En declaraciones a la Cadena SER el portavoz de Jueces para la Democracia incidía en esta idea, recordando que así lo determina la Ley de Enjuiciamiento Crimninal, siempre que se les acuse de "delitos suficientemente graves, y aunque parece que, en principio, las personas detenidas aquí no parece fuera a sustraerse a la acción de la justicia, tampoco pensábamos que un director general de la Guardia Civil pudiese hacerlo y, por lo tanto, nos parece que es una medida que el Ministerio Fiscal ha considerado oportuno realizar".