Las críticas a la decisión del Ejecutivo, que hará que Cataluña reciba 3.500 millones de euros para infraestructuras en 2007, llegaron de parte del consejero andaluz de Hacienda, el socialista José Antonio Griñán, y del valenciano, el popular Gerardo Camps, que hicieron declaraciones a los periodistas antes de asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera que esta tarde se celebra en Madrid.

Griñán calificó de "barbaridad" ligar las inversiones en una región a su peso en el PIB nacional, ya que eso "contradice" la Constitución en el sentido de no utilizarse los presupuestos para "un principio básico de redistribución" de la riqueza.

Otra cosa sería, dijo Griñán, resolver los déficit "históricos" de algunas regiones que en los últimos 10 años han recibido inversiones medias por habitante inferiores a los que les correspondería.

En esa situación, agregó el consejero de Hacienda andaluz, se situarían la propia Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y, "si acaso", Canarias. Estaría bien el "equilibrar desajustes históricos", pero no el ligar la inversión al peso en el PIB del Estado.

Más contundente se mostró el consejero de Economía y Hacienda valenciano, Gerardo Camps, quien dijo que dicha decisión evidencia el "talante insolidario" del Gobierno central, que "rompe la solidaridad entre comunidades autónomas".

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "rompe la igualdad entre ciudadanos, va a haber ciudadanos de primera y de segunda", afirmó Camps, quien indicó que el otorgar dicha inversión a Cataluña es una decisión "claramente injusta".

Camps, parafraseando lo afirmado ayer en el Congreso por el presidente balear, Jaime Matas, advirtió al Gobierno que "una vez abierto el melón, el melón es para todos", y ha de haber el mismo trato para todas las regiones. Eso sí, matizó que un Gobierno del PP "nunca" hubiera tomado una decisión similar.