En la Conferencia Sectorial de Energía, las comunidades del PP defendieron que “no hay razones objetivas” que justifiquen la clausura de las centrales nucleares existentes en España, “ya que son seguras y su producción eléctrica es fundamental para el país”. Y recordaron que la Cámara Baja instó al Gobierno central a prolongar la vida útil de esta fuente de energía.

Esta ofensiva se produce en un contexto en el que la central de Almaraz ultima su cierre. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, considera que detrás de esta decisión “sólo hay ideología” y critica que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, planificara la eliminación de esta energía cuando era ministra de Pedro Sánchez, y ahora sí defienda la nuclear en otros países europeos para “garantizarse su puesto”.

La posición del PP es que las centrales nucleares deben seguir en marcha porque “es un tipo de energía fundamental al ser barata, ofrecer seguridad en el suministro y ser limpia, ya que no emite gases de efecto invernadero”. Además, aportan en la actualidad más del 20% de la electricidad que se genera en España.

“Y si se cerraran habría que sustituir ese porcentaje por otras fuentes como el gas, que es contaminante y ausente en España y en Europa”, avisaron desde el PP, que augura un incremento del precio medio de la electricidad, un aumento de las emisiones y mayores importaciones de gas natural si se cierran las nucleares, “ya que esta energía no puede sustituirse por completo con energías renovables”.

Por último, Martín recordó que el fin de la energía nuclear se planteó junto a un plan de inversiones en almacenamiento de energía y renovables que se ha incumplido. “El Pniec es papel mojado. El despliegue de almacenamiento de energía es un fracaso absoluto y la eólica no alcanza ni de lejos los objetivos previstos”. Y subrayó que solo el cierre de la central de Almaraz tendría unas consecuencias socioeconómicas “terribles”, ya que da trabajo a más de 4.000 personas. “Su clausura supondría una caída del 36% de la población activa y del 60% de los ingresos de los municipios de la zona de influencia”.