Reunidos hoy en el Palacio de Fuentehermosa de Valencia para participar en el "II Foro sobre Dependencia en las Comunidades Autónomas", los consejeros criticaron que el Ministerio "no sólo no ha avanzado en el desarrollo de la aplicación de la ley sino que ha dejado de cumplir sus compromisos", según reza una nota conjunta.

Así, aseguran que el Gobierno no ha fijado un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios de participación de estos en las prestaciones del Sistema de Dependencia. "Es decir, a día de hoy los ciudadanos desconocen cuál será su aportación en los servicios que reciba", detallan.

Por otro lado, aseguran que tampoco ha definido los criterios comunes de acreditación que garanticen la calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, "dado que no está dispuesto a asumir el coste" que supone la aceptación de las propuestas de los agentes sociales.

Finalmente, afirman que la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas es "insuficiente y no asegurada en el tiempo, lo que hace peligrar la aplicación real y eficaz de la ley, no garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Dependencia ni el acceso en igualdad a los Servicios y Prestaciones".

Las Comunidades Autónomas del PP reunidas hoy en Valencia manifiestan que no han recibido las cuantías comprometidas por el Gobierno central ni del mínimo ni del nivel acordado, incumpliendo tanto la Ley y el Real Decreto que regula el pago de las prestaciones, como la resolución de 8 de agosto donde se establecía el pago a las Comunidades Autónomas del 75% del nivel acordado en el mes de septiembre.

"A esta situación ya preocupante", agrega el comunicado conjunto, "hay que añadir que desde el año 2006, año en el que todavía no se había aprobado la ley de la dependencia, las partidas relacionadas con los servicios sociales o han desaparecido o se han congelado: el Gobierno central ha dejado de financiar 71 millones de euros destinadas a la atención a personas mayores o enfermas de alzhéimer (Plan Geróntológico Nacional)".

En los Presupuestos Generales del Estado para 2009, aseguran, ha desaparecido el Plan Estatal del Voluntariado, y se ha reducido en 30 millones de euros el programa de apoyo a las familias y atención de menores.

De esta forma, el Gobierno central, inciden los consejeros populares, ha recortado 115 millones de euros de los Presupuestos destinados a la atención de las familias y personas más desfavorecidas, "objetivo fundamental de los servicios sociales".

Por otro lado, en 2009, enjuician que tampoco aumenta las partidas necesarias para que las corporaciones locales puedan atender el derecho de los ciudadanos a la ayuda a domicilio y teleasistencia (Plan Concertado).

En conclusión, exigen al Gobierno de España que de inmediato dote al Sistema de Atención a la Dependencia de una financiación "suficiente y asegurada en el tiempo", por parte de la Administración General del Estado, que garantice la sostenibilidad financiera del sistema y su futuro desarrollo.

De igual modo, el pago de los más de 100 millones de euros que el Estado debe a las Comunidades Autónomas reunidas hoy en Valencia, y que dote al Sistema de Atención a la Dependencia de un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios comunes de acreditación que garanticen la calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia.

Por último, que el Estado establezca mecanismos de coordinación entre las diferentes Administraciones, que anticipe la revisión prevista en la ley en relación a su aplicación para mejorar el procedimiento y agilizar los trámites que permitan dar una mejor respuesta a los ciudadanos y la revisión del procedimiento de aplicación de la ley, (sistema de valoración, baremo, etc.) para tener en consideración las características de algunas discapacidades y enfermedades vinculadas al envejecimiento o a la enfermedad mental a fin de garantizar que tengan un acceso efectivo al sistema de dependencia.