Según informó el Ejecutivo de la Comunidad, esta decisión llega después de que no se haya atendido un requerimiento enviado el pasado mes de diciembre por el Ejecutivo regional para la anulación de dicho contrato, aprobado por el entonces Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que ha pasado al actual Ministerio de Juventud e Infancia.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid recordó en su informe que las atribuciones que se arrogaba el Gobierno central a través del programa que quiere poner en marcha “no son materia de gestión estatal”.

En consecuencia, según señaló este documento, “la formalización de ese contrato constituye una intromisión, e incluso interferencia en las competencias autonómicas unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional”.

Como se advierte en la propia memoria justificativa del contrato del Gobierno central, son las Comunidades Autónomas las que ostentan la plena gestión en este ámbito como entidades públicas de protección.

Así, la Comunidad de Madrid tiene atribuida competencia exclusiva en protección y tutela de personas menores y el desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud en virtud del artículo 26.1.24 de su Estatuto de Autonomía, y del artículo 93 de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, para el fomento del acogimiento familiar.