En la carta, Martín traslada la preocupación de la Comunidad de Madrid por la actual crisis energética y las graves consecuencias que está teniendo en el crecimiento económico y el bienestar de los madrileños y de todos los españoles. “Seguimos pagando la factura de la luz más cara de nuestra historia”, deplora.

Además, tal y como hizo la presidenta de esta región, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno, Martín lamentó que el Gobierno no ha compartido ni un solo documento sobre el plan de contingencia con esta comunidad, por lo que desconoce las medidas sobre las que trabaja.

Pese a ello, propone adoptar “sin demora” medidas “eficaces” para proteger el tejido productivo y a los millones de ciudadanos que “están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes en el pasado reciente”.

MEDIDAS

La Comunidad de Madrid propone revisar el mecanismo del topo del gas y configurar un “mix energético” con “fuerte penetración” de las energías renovables y una correcta proporción de energía nuclear como fuente de respaldo para reducir la dependencia de España del gas.

En concreto, propone impulsar la energía fotovoltaica, el autoconsumo, las comunidades energéticas y el autoconsumo agregado; el aprovechamiento de residuos forestales, agrícolas o urbanos para generar biogás, y el hidrógeno verde, así como aprobar los marcos normativos que faciliten la inversión en la repotenciación de instalaciones renovables.

También apuesta por asegurar de “forma urgente” la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares y activar masivamente un Plan Renove de calderas, con el objetivo de renovar calderas antiguas de gas natural por calderas de condensación. Las nuevas calderas de gas de condensación ahorran entre un 15 y un 20% del consumo de gas, asegura Martín.

Al mismo tiempo, aboga por dar apoyo a las empresas que hacen cogeneración usando gas para recuperar el calor de los procesos industriales; modificar la Ley de Cambio Climático para permitir la explotación de materias primas imprescindibles en la transición energética, y sustituir los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de energía por un impuesto que internalice daños ambientales.

Asimismo, insta al Gobierno a solicitar a Bruselas cambios en el sistema de fijación de precios de la luz y la suspensión temporal del impuesto al CO2; a reducir las subvenciones que no tienen nada que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables; a traspasar el 100% de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado; y, por último, reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo.