Así lo anunció este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que explicó en nota de prensa que “la víctima fue apuñalada por su agresor y falleció al día siguiente como consecuencia de la gravedad de sus heridas”.

La encomienda, dada a conocer por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue dada a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que ejercerá las acciones jurisdiccionales en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles.

De esta forma, desde el Consejo de Gobierno se apuntó que “la acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital” y añadió que “esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección tanto a las mujeres como a sus hijos y personas dependientes”.

Según el equipo del Partido Popular, desde el 2016 la Comunidad de Madrid ha ejercido esta facultad en 63 causas penales. La Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, aseguraron, “ayuda anualmente a alrededor de 21.000 víctimas a través de la Red de atención integral para mujeres existente en la región”, y añadieron que “cada año facilita plazas residenciales a unas 400 mujeres aproximadamente”.