Así lo anunció este sábado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en un comunicado en el que precisó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado, en su reunión de esta semana, la celebración de los contratos para la atención especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera en 21 centros residenciales de la región por un importe conjunto que asciende a 43.447.954 euros y cuyo periodo de ejecución es de dos años, desde el próximo 1 de marzo al 29 de febrero de 2024.

Los usuarios, que reciben la atención de manera gratuita, son personas con discapacidad originada por enfermedades mentales graves y duraderas como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos paranoides u otras psicosis, que han sido derivadas desde los servicios de Salud Mental y presentan mayores dificultades en su funcionamiento psicosocial, autonomía e integración y corren, por tanto, “mayor riesgo de deterioro, aislamiento y dependencia”, según la Comunidad de Madrid.

Las residencias que se gestionan a través de estos contratos son centros de atención comunitaria con una capacidad de entre 20 y 30 plazas, que ofrecen un servicio flexible de alojamiento y manutención que incluye atención psicosocial y apoyo para la mejora de la autonomía y para impulsar la integración de personas con “déficit” en su autonomía personal y que no cuentan con respaldo familiar o social.

Se trata de los primeros contratos que se derivan del Acuerdo Marco aprobado el pasado año para estos centros, que fija las condiciones a las que tiene que “ajustarse” la atención que se presta tanto en residencias como en los centros de día especializados en esta discapacidad.

Según puntualizó el Ejecutivo de Díaz Ayuso, este acuerdo “prima” los criterios de calidad sobre la oferta económica y valora aspectos como el desarrollo de actividades de sensibilización y lucha contra el estigma o los programas de formación específicos dirigidos al personal de estos centros.