La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio informó hoy del futuro decreto por el que se aprueba este procedimiento para la certificación energética de acuerdo con el desarrollo normativo de una Directiva Comunitaria de 2002 (2002/91/CE) y del consiguiente Real Decreto estatal (47/2007).

El futuro decreto que regule la certificación de eficiencia energética en los nuevos edificios de la región se ocupará de aspectos básicos como el procedimiento de emisión y validez de dichos certificados, el control externo de estas emisiones y su alcance, la creación de los registros públicos de certificados y entidades de control externo acreditadas por la Administración para llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de su emisión, el derecho de información de los usuarios, la etiqueta de eficiencia energética y su exhibición, y la inspección y el régimen sancionador.

Se pretende así que, a la vista de la información que ofrezcan los certificados, se favorezca la promoción de edificios de alta eficiencia energética así como de aquellos en los que se invierta en el ahorro de energía.

Diferentes letras determinarán la eficiencia Los certificados contarán con una etiqueta con una letra (de la A a la G), una escala de mayor a menor eficiencia energética del edificio.

Con la voluntad de impulsar el diseño y la construcción de edificios con superiores estándares de eficiencia, se exigirá una calificación mínima de la letra C a todos los inmuebles de nueva construcción financiados, protegidos o promovidos por las Administraciones Públicas.

Los certificados de eficiencia energética contarán con una validez de diez años, y deberán disponer de ellos los edificios de nueva construcción y todos aquellos con una superficie útil superior a los 1.000 metros cuadrados que experimenten modificaciones, reformas o rehabilitaciones renovándose más del 25% del total de sus cerramientos.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio articulará los medios para realizar cuantas inspecciones sean necesarias para comprobar y vigilar el cumplimiento del procedimiento para la certificación, persiguiendo cualquier infracción.