Los usuarios de estos equipamientos, ubicados preferentemente en edificios de viviendas comunes, son personas adultas con discapacidad intelectual moderada o ligera que tengan un buen nivel de autonomía y no presenten deterioro o alteraciones graves de dependencia, y que necesitan de manera permanente o transitoria un recurso que sustituya al de su medio familiar.

Para lograr un ambiente lo más normalizado posible, participan activamente en las actividades de alojamiento, manutención y organización de la vivienda. Además, se les ofrece programas de desarrollo personal, de adquisición de competencias interpersonales y de impulso a la participación en la vida comunitaria para lograr su plena inclusión social.

El acuerdo marco elaborado desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social aumenta un 5%, hasta los 52,60 euros/día, el importe dedicado a cada una de las plazas, estableciendo las obligaciones y condiciones que deben asumir los adjudicatarios de estos servicios. En los contratos que se deriven del mismo primarán los criterios de calidad sobre la oferta económica, lo que permitirá fomentar los programas de entrenamiento en cuidados personales a los familiares que se encargan de la atención directa de los usuarios, entre otras actuaciones.