El Gobierno regional asegura que baraja adoptar esta iniciativa de acuerdo con la propuesta efectuada desde el sector empresarial y consensuada previamente en CEIM, que incluye a los pequeños comerciantes (Cecoma) y a las grandes superficies (Anged).

La idea es eliminar las limitaciones horarias máximas actuales que se establecen para el ejercicio de la actividad comercial, tanto con carácter semanal (máximo de 90 horas), como diario (cierre entre 12 de la noche y 7 de la mañana, y 12 horas de apertura máxima los días festivos), haciendo uso de las atribuciones reconocidas por la legislación básica estatal en materia de horarios comerciales.

El principal objetivo de esta medida, según el Gobierno de Esperanza Aguirre, es conseguir una mayor competitividad y generación de empleo, además de una mayor adecuación de los horarios a las nuevas necesidades de los consumidores.

La Comunidad de Madrid asegura que ha conseguido que su política comercial liberal, con mayor apertura en festivos y la declaración de zona de gran afluencia turística de barrios como el de Sol, se traduzca en menor inflación y más empleo en el sector.

A su juicio, y trascurridos algo más de dos meses desde la aplicación efectiva de dicha declaración del barrio de Sol, la iniciativa se ha demostrado positiva, dado que ha supuesto ya la contratación de más de 500 personas, así como una importante afluencia comercial que ha incrementado la apertura progresiva del pequeño comercio de la zona.

Además, las ocupaciones hoteleras en fin de semana en el barrio de Sol son muy elevadas, por lo que la valoración de los sectores empresariales de la zona puede calificarse de positiva.

TRABAS BUROCRÁTICAS

Por otra parte, el citado borrador, que en las próximas semanas estudiará el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, simplifica procedimientos y elimina trámites burocráticos para poner en marcha establecimientos comerciales.

En la actualidad, la autorización de la implantación de grandes establecimientos comerciales se regula en la región dependiendo del tamaño en superficie y de la población del municipio en el que se ubicaban.

Lo que ahora se estudia es simplificar el procedimiento de autorización para que sean considerados como grandes establecimientos comerciales los de más de 2.500 metros cuadrados, que es la superficie que marca la Ley básica del Estado, de manera que estos comercios sí tendrán que conseguir la conocida como segunda licencia comercial autonómica, por exigencia de la norma estatal.

Además, no haría falta autorización autonómica para cambios de titularidad o para ampliación, salvo cuando la misma supere el 30% de la superficie. Asimismo, la Administración autonómica tendría que resolver la petición para establecer un gran centro comercial en un máximo de cuatro meses, en vez de los ocho actuales.

En cuanto a la actividad ferial, el documento que se estudia pretende sustituir el régimen de autorización desde la Comunidad por el de comunicación previa en todas las ferias y exposiciones comerciales, de manera que se prevé un mayor dinamismo en un sector empresarial que, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, genera más de 40.000 empleos y 1.900 millones de euros de inversión.

En concreto, se quiere sustituir la autorización administrativa hasta ahora existente por un régimen de comunicación que, conteniendo los principales datos de la entidad organizadora y de la feria en cuestión, servirá a la Comunidad de Madrid para coordinar estas actividades y promover su difusión y promoción, a través del Calendario Ferial.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Por otro lado, la Administración regional asegura que quiere ser sensible a la petición unánime del sector de la distribución (Cecoma, La Unica, Asedas y Anged) y está barajando suprimir la exigencia de una licencia específica para la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas, que otorgan los Ayuntamientos.

Se trata de una licencia adicional sobre las municipales tradicionales (obras, funcionamiento y actividad), produciéndose una clara duplicidad, además de ser discriminatoria, ya que los establecimientos donde está permitido el consumo inmediato de bebidas alcohólicas (bares, cafeterías) no tienen dicha obligación.

Asimismo, únicamente Extremadura tiene junto a Madrid actualmente vigente dicha licencia extra, por lo que también se producía discriminación del empresario madrileño respecto de la inmensa mayoría de regiones, a juicio del Gobierno que preside Esperanza Aguirre.

El texto del borrador de anteproyecto de ley también hace hincapié en la persecución de venta de bebidas alcohólicas a menores, que quedaría garantizada no sólo mediante las preceptivas licencias municipales, sino también por el control desarrollado por las autoridades inspectoras y policiales, así como por la imposición de importantes multas en el caso de venta de alcohol a menores o en horario nocturno.

En cuanto a eliminación de trabas burocráticas, la nueva normativa podría incluir la supresión de determinados trámites que eran preceptivos antes de poder iniciar la actividad comercial, como en el caso de la obligada inscripción en diversos registros comerciales como el de Actividades y Empresarios Comerciales, de naturaleza básicamente censal, o los Registros de Franquiciadores y Empresas de Venta a Distancia. Se mantendría, no obstante, el de Venta Ambulante, que dispone de regulación legal específica.

El Gobierno regional entiende que la supresión de los trámites citados allanará el ejercicio de la actividad por los comerciantes, evitando, además, duplicidades, dado que en el caso de Franquiciadores o de Ventas a Distancia ya existen registros en el ámbito estatal, cumpliendo la misma función.

SUPERMERCADOS Y CADENAS

Asimismo, el proyecto realiza una revisión de los procedimientos de obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas para la implantación de determinados establecimientos comerciales minoristas, singularmente medianas superficies (supermercados y cadenas).

Así, se podrían eliminar aquellas que merman la eficiencia empresarial y que suponen duplicidades de trámites con las licencias que otorgan las Administraciones Locales, al no venir exigidas por una normativa básica estatal en materia de comercio.

Es el caso de los establecimientos de "descuento duro" y medianos establecimientos comerciales, aquellos con una superficie entre 750 y 2.499 metros cuadrados.