El Ejecutivo regional considera que este decreto invade las competencias exclusivas atribuidas a la Comunidad en materia de vivienda, según explicó su portavoz, Ignacio González.

Dijo que esta decisión se produce tras decidir el Consejo de Ministros, el pasado 3 de julio, rechazar el requerimiento de incompetencia interpuesto por la Comunidad el 4 de junio por la modificación del Real Decreto que regula la RBE por parte del Ministerio de Vivienda.

Tras esta desestimación por parte del Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha decidido plantear el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional en relación a la normativa por la que se regula la ayuda mensual de 210 euros para los jóvenes de hasta 30 años.

González señaló que cree que subsisten los motivos del conflicto de competencias promovido por la Comunidad de Madrid y se sigue vulnerando el orden constitucional de competencias.

A su juicio, el Gobierno central no sólo se extralimita en sus competencias sino que condiciona la política de vivienda de la Comunidad de Madrid e impone obligaciones a las comunidades autónomas para asegurar la aplicación de la renta básica de emancipación.

El portavoz del Ejecutivo regional aseguró que esta decisión no significa que su Gobierno vaya a solicitar la suspensión de las ayudas, sino que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta la Comunidad de Madrid.

González reclamó al Ministerio de Vivienda agilizar los pagos a los jóvenes madrileños que tienen derecho a esta ayuda: según los últimos datos ministeriales, casi el 39% de los jóvenes madrileños con derecho a recibir esta subvención estatal aún no la percibe.