Así se pronunció en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Servimedia, en la que justificó que la Mesa del Congreso de los Diputados calificara ayer y por tanto permitiera el trámite parlamentario de la proposición de ley de amnistía, porque “la mesa no es un Tribunal Constitucional preventivo” y “ha de permitir el debate”, pese a las críticas del PP y Vox.

Según criticó, la derecha “está haciendo todo lo posible por que esta ley no se pueda debatir” y “aquí está el problema” y “la anomalía”, con la intervención de los jueces y las manifestaciones, porque, a su entender, la amnistía “forma parte perfectamente de las competencias del poder legislativo” y “hay una mayoría clarísima en el Congreso a favor de estas medidas”. En cambio, la reforma del Reglamento del Senado para que la Mesa de esta cámara pueda decidir si tramita o no de urgencia una proposición de ley aprobada como tal por el Congreso le parece "abiertamente inconstitucional".

Pisarello también justificó que la proposición de ley no contenga el término ‘lawfare’, como reivindicaban ERC y Junts, señalando que ésta es “una expresión más politológica” y “sería extraño que la ley de amnistía se sirviera de estos conceptos sociológicos o políticos” porque, además, “introduciría problemas en la tramitación de la ley”, que “está pensada en términos estrictamente jurídicos”.

Ahora bien, él se mostró convencido de que esto es “algo real” y, aunque “hay muchos jueces garantistas”, sobre todo “en las altas instancias tenemos un problema” y “jueces que no dan la imagen de independencia que reclaman”. Por ejemplo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón “intentando vincular el independentismo al terrorismo”, algo que hasta los no independentistas saben que “es una desmesura total”.