Según informaron a Servimedia fuentes de a citada asociación, el terreno está situado en la ribera de un río, está en un lugar discreto, tiene agua y se encuentra en un paraje natural "idílico".

El medio centenar de cultivadores de marihuana que ya está apuntado al proyecto para coplantar "maría", tiene una cita el próximo sábado, a las 9,30 horas de la mañana, para conocer el terreno y comenzar a vallarlo y ararlo.

La citada iniciativa, bautizada como "Proyecto me planto", pretende reforzar la campaña por el autocultivo del cannabis co el fin de conseguir la legalización total del cultivo de la marihuana.

Los interesados quieren con esta iniciativa superar la marcas establecidas por las dos coplantaciones anteriores realizadas por sendas asociaciones de defensa del cannabis, una en Barcelona, donde se reunieron 97 cultivadores, y otra en Euskadi, donde la cifra llegó a 140.

La AMEC pretende impulsar con la coplantación una alternativa al "mercado negro" del hachís y abrir la vía a lo que denominan "autocultivo" de la marihuana A juicio de los responsables de la asociación, con la "maría" que suministran los pequeños "camellos" se está fumando "porquería", que sólo sirve para enriquecer a las mafias. "Por eso es necesario", recalcaron, "plantar y cosechar, para fumar nuestra propia marihuana".

PLENAMENTE LEGAL

La asociación consideraba su iniciativa plenamente legal amparándose en una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, que hace más de un año absolvió a 4 miembros de la asociación catalana Ramón Santos de Etudios sobre el Cannabis (ARSEC), acusados de un delito contra la salud pública por promover una plantación colectiva de cannabis en un terreno de Tarragona.

La sentencia absolutoria señalaba que el consumo de drogas sólo es delito cuando se realiza en lugares públicos y que el cultivo en una propiedad particular y destinado al consumo propio del cultivador no está penalizado.

Sin embargo, esta sentencia que fue recurrida por el fiscal ante el Tribunal Supremo fue revocada por el Alto Tribunal, qe condenó a cuatro meses de arresto mayor y medio millón de pesetas a los 4 miembros de ARSEC por cultivar marihuana y no poner los medios necesarios para impedir el paso a la plantación de terceras personas.

La resolución del Supremo fue recurrida por los condenados ante el Tribunal Constitucional. En el recurso mantienen que la autoproducción de sustancias psicoactivas es un derecho individual implícitamente recogido en la Constitución.