El 29 de diciembre de 2008 Miguel Torres Álvarez, procurador de los tribunales adscrito al Colegio de Procuradores de Madrid, formuló denuncia contra el Colegio de Procuradores de Madrid y el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, según informó hoy el regulador.

Por una parte, denunció la existencia de una cuota colegial obligatoria variable que se devenga por la mera personación del colegiado y "supondría una restricción injustificada al ejercicio de la profesión para aquellos procuradores que no cuentan con elevados recursos económicos con los que hacer frente a dichas cuotas, así como una ventaja injustificada para aquellos que sí los tienen".

Por otra parte, denunció que el establecimiento y aplicación de disposiciones estatutarias sobre sustitución de procuradores "constituyen una barrera para el ejercicio de la profesión, pues tienen el efecto de reservar determinadas actuaciones profesionales a aquellos procuradores que, al tener un elevado nivel de ingresos, pueden hacer frente al pago de sumas elevadas en caso de sustitución, además de blindar de forma corporativa los intereses de los procuradores en perjuicio de los consumidores, que no pueden acudir a otro profesional hasta que no hayan satisfecho las deudas con el procurador saliente".

En consecuencia, la Dirección de Investigación de la CNC ha acordado incoar un expediente sancionador contra el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España por posibles prácticas contrarias a la competencia, "sin que ello prejuzgue la resolución final". Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.

En lo que respecta al Colegio de Procuradores de Madrid, la CNC trasladó el caso a las autoridades de competencia de la Comunidad de Madrid, en ejercicio de sus competencias.