El CPT nació a raíz de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y el Maltrato o Castigo Inhumano o Degradante, en 1987. Actualmente, 40 de los 41 Estados miembros del Consejo de Europa están obligados por la Convención -entre ellos España- a permitir que el CPT examine el trato de los presos las instalaciones públicas.

El informe que elabora el CPT es transmitido al gobierno del país inspeccionado que puede decidir levantar su confidenciaidad -62 de los 92 informes de las visitas que han sido enviados a gobiernos han sido publicados-.

Durante el cumplimiento de la misión número 100, la presidenta del Comité, Silvia Casale, destacó la expansión del campo de acción del organismo en la última década. El pasado 16 de febrero, Georgia, el último Estado miembro del Consejo de Europa sin firmar la Convención, se adhirió a ésta.