En la propuesta que ha remitido a Salvador Ordóñez, secretario de Estado de Universidades e Investigación, el Comité indica que estos programas tendrán como finalidad prestar apoyo integral a los estudiantes con discapacidad que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a su circunstancia personal y social.

Para lograr este objetivo, los programas establecerían los materiales y sistemas alternativos de comunicación e información en formatos accesibles necesarios (incluidos intérpretes de lengua de signos), las becas y ayudas al estudio y sociales requeridas, las ayudas técnicas imprescindibles para lograr una integración real, la eliminación de barreras de todo tipo y el impulso del deporte paralímpico, entre otras iniciativas.

El CERMI quiere que el articulado del texto legislativo especifique que las Universidades "garantizarán la igualdad de oportunidades de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación, y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito universitario".

Para ello, considera necesario que los estudiantes y demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y recursos necesarios que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con el resto de componentes de la comunidad universitaria.

EXENCION DE TASAS

Asimismo, reclama que la reforma de la ley incluya el derecho de estos alumnos a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios para la obtención de un título universitario (diplomatura, licenciatura o doctorado) y las adaptaciones curriculares que sean precisas, las cuales estarán en función de las necesidades específicas de estos alumnos.

Además, el CERMI plantea que en los procesos selectivos y en las pruebas que se establezcan para el ingreso a la Universidades, los aspirantes con discapacidad tengan derecho a que éstas se adapten, en procedimientos, forma y tiempo, a las necesidades específicas que por razón de esta circunstancia puedan presentar estos alumnos.

Otras propuestas son la puesta en marcha de planes de formación del personal docente en materia de atención educativa a las necesidades especiales asociadas con la discapacidad; la posibilidad establecer diferencias de trato en favor de estudiantes con discapacidad en los programas, planes y acciones generales de becas y ayudas y el cumplimiento de la reserva de empleo.

Finalmente, pide la ausencia de barreras, tanto en edificios como servicios, en las instalaciones de nueva creación y la desaparición de las que existen en un plazo no superior a los cinco años.