Jorge Araya, secretario del Comité de Discapacidad de la ONU, presentó a una delegación del Cermi los contenidos del ‘Informe de Seguimiento a la Investigación sobre España’ realizada por este órgano en 2018 en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta presentación tuvo lugar durante la reunión extraordinaria del Comité de Apoyo a la Convención de la ONU de la Discapacidad en la que participaron el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia, y a la que asistieron también los miembros del Comité de Apoyo y los componentes de la Comisión de Educación Inclusiva del Cermi.

Saravia fue el responsable de poner en contexto la realización de este trabajo y quiso resaltar que “es un honor para el Cermi Estatal haber podido preparar esta sesión con el secretario Araya”. Asimismo, el delegado quiso destacar que “el Cermi ya ha manifestado en numerosas ocasiones que la legislación española aún no está acorde con el modelo de educación inclusiva de la Convención”. De hecho, Saravia informó que “hemos emplazado al ministerio de Educación para que despliegue y apruebe de una vez por todas el plan de inclusión educativa y que éste sea aprobado por todos los grupos de interés”.

Por su parte, Araya explicó que en el análisis se recogen los avances y puntos de mejora por parte de España en materia de educación inclusiva y accesibilidad. Dos puntos que afectan directamente a las personas con discapacidad. Así, Araya argumentó que “España cuenta con infraestructuras sociales, recursos económicos y financieros para alcanzar la plena inclusión educativa de calidad en el sistema general de educación y, de hecho, si se explotan esos recursos al máximo, España puede llegar a convertirse en un paradigma educativo, no solo en la región, sino en el mundo”.

Sin embargo, tal y como apuntó el secretario del Comité la falta de inclusión conforme al modelo de la Convención “sigue estando vigente y siendo practicada por las distintas administraciones educativas. Actualmente, afecta a más de 40.000 personas con discapacidad, más de un 40 % de estas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

Por otro lado, este trabajo puso de manifiesto que a pesar de que la Convención forma parte del marco normativo, en España hay voces que desconocen sus obligaciones internacionales respecto de los derechos humanos exigibles. En este sentido, Araya recordó que entre estos deberes se encuentra “la inclusión, que es un derecho reconocido por la Convención; esta reconoce como único titular de derechos a las personas con discapacidad; todas las autoridades deben asegurar que ninguna persona con discapacidad quede excluida del sistema educativo debido a su discapacidad”.

Así, al Comité le preocupa que se mantengan modalidades educativas separadas cuando las necesidades educativas no puedan ser atendidas en centros ordinarios. Por este motivo, “las recomendaciones que se han destacado en este informe tienen que ver precisamente con la derogación de la legislación que perpetua esta separación, así como con la revisión de la normativa para que se garantice la educación inclusiva de calidad y se apueste realmente por la accesibilidad”.

El Cermi agradeció al representante del Comité de Naciones Unidas sus explicaciones y la contribución que hace este órgano con sus informe, dictámenes y orientaciones a que los derechos humanos de las personas con discapacidad avancen en España.