Así lo establece un dictámen que la comisión, compuesta por representantes del PSOE, PP, CDS y Partido Regionalista (PRD), dirigirá, junto on los datos de la auditoría realizada, al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y al Pleno de la Asamblea Regional.

Este dictámen consta de cuatro puntos, el primero de los cuales denuncia que "en un escaso porcentaje de casos investigados, el Consejo de Gobierno de Cantabria ha seguido los procedimientos legalmente establecidos en la adopción de sus acuerdos referidos a la amplia gama que abarca una administracion pública".

"En un mayor porcentaje", prosigue el dictámen, "los acerdos se adoptaron con una dudosa legalidad, que desde el punto de vista administrativo son reprochables, por más que se alegara una dudosa eficacia".

El tercer punto informa que "en numerosísimos supuestos, el anterior Consejo de Gobierno adoptó sus acuerdos al margen de los principios de legalidad, seguridad jurídica, publicidad y concurrencia, ignorando o menospreciando la Constitución, la ley de de contratos del Estado, la de presupuestos, etc..."

Por último, expresa que "hay casos que revistn una expresa gravedad en los que el Consejo de Gobierno, presidido por el señor Hormaechea, con rebeldía al cumplimiento de la legalidad de forma flagrante y conocida, hace pensar razonablemente en indicios de criminalidad".

El documento concluye con la afirmación de que "la actuación del anterior Consejo de Gobierno, presidido por el señor Hormaechea, se ha guiado más por resoluciones arbitrarios y por criterios personales que de legalidad".

PRESUPUESTOS FANTASMA

Para llegar a estas conclusioes, la auditoría realizada por la comisión de investigación analizó fundamentalmente "obras insignias" del Gobierno de Hormaechea, como son el Parque Zoológico, el teatro del Festival de Santander, el Hospital de Liencres o numerosas carreteras comarcales.

Muchos de esos proyectos, según la auditoría, eran adjudicados por un presupuesto que se modificaba posteriormente, cuando la obra ya se había iniciado. La mayoría de estas modificaciones superan el límite legal permitido.

Por este procedimient, se convalidaron 7.000 millones de pesetas en obras, cuyo pago está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre si debe abonarlo la Administración cántabra o los componentes del Gobierno de Juan Hormaechea.

En la actualidad, el fiscal del Tribunal Superior de Cantabria, César Tolosa, instruye la querella que el PSOE, PRP y CDS presentaron contra Hormaechea y su equipo.

Varios empresarios que supuestamente han podido beneficiarse de las obras mencionadas han tenido que delarar a petición de este fiscal.

Durante esta última semana prestaron declaración interventores y técnicos de diversas consejerías que aseguraron haber dictaminado en contra de "graves actuaciones" que el anterior Gobierno regional ejecutó.