De esta forma, los comisionados despejaron las dudas suscitadas por el informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara, que no era vinculante y que supeditaba las facultades propias de una comisión de investigación a la correspondiente autorización por parte del pleno.

El acuerdo final fue fruto de una propuesta presentada por el representante del Grupo Popular, Jaime gnacio del Burgo, que recibió varias enmiendas del resto de los grupos, y que finalmente contó con el consenso de todos los comisionados.

Los miembros de la comisión acordaron igualmente elevar el acuerdo a la Mesa del Congreso, por si estima conveniente someterlo a la aprobación del pleno de la Cámara.

El contenido íntegro de la propuesta es el siguiente:

1.- Darse la comisión por enterada del dictamen emitido por los Servicios Jurídicos del Congreso, en relación a la naturaleza de la misma

2.- Declarar que esta comisión, a tenor de la literalidad, contexto, espíritu y finalidad del acuerdo del pleno del Congreso de los Diputados, de 20 de abril de 1994, reviste un doble carácter, de forma que se trata de una comisión de estudio sobre la financiación de los partidos políticos y las transformaciones precisas para su adecuación a la necesaria transparencia que demanda la opinión pública, y de una comisión de investigación en relación a los casos Filesa, Naseiro y otros de interés público ue habiéndo tenido repercusión ante los ciudadanos, se determinen por la comisión, en relación con dicha financiación de los partidos políticos.

3.- Elevar este acuerdo a la Mesa del Congreso de los Diputados, por si considera conveniente someterlo a ratificación del pleno de la Cámara.