El texto de 28 páginas ofrece una serie de orientaciones a los países europeos de cara a las negociaciones del nuevo marco de gobernanza económica, que será el que haga entrar en vigor las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se aplicaban antes de la pandemia de la covid-19.

Tras tres años con una relajación en las reglas fiscales, Bruselas quiere que en 2024 los Estados miembros ya se fijen objetivos fiscales en sus programas de estabilidad y convergencia, “que cumplan los criterios” impuestos. Asimismo, la Comisión les ha invitado a debatir la manera en la que prevén que sus planes de reforma e inversión “contribuirán a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento sostenible e inclusivo”.

La Comisión volverá así a formular recomendaciones específicas por país a partir del año que viene. Todo ello, para que ajusten su política fiscal “con la garantía de que la ratio de deuda pública siga una trayectoria descendente o se mantenga en un nivel prudente y que el déficit presupuestario se sitúe por debajo del valor de referencia del 3% del PIB a medio plazo”.

No obstante, ante “la persistente y elevada incertidumbre en cuanto a las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias”, la Comisión considera que todavía es pronto para debatir si se debe someter a los Estados miembros al procedimiento de déficit excesivo, por lo que el objetivo de reducir el déficit al 3% sigue enmarcado en el medio plazo. A pesar de ello, sí propondrá al Consejo de Europea la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en primavera de 2024.

“Los Estados miembros deben tenerlo en cuenta en la ejecución de sus presupuestos de 2023 y en la elaboración de sus programas de estabilidad y convergencia esta primavera y de los proyectos de planes presupuestarios para 2024 este otoño”, indicaron desde la capital belga.