El Ejecutivo comunitario ya entregó a las autoridades españolas un dictamen motivado sobre esta situación y, ahora, ha iniciado el procedimiento tras las denuncias y peticioes del Parlamento Europeo.

Según la Comisión Europea, la legislación promulgada por España en 1993 discrimina en el acceso de ciudadanos comunitarios a los puestos de trabajo que suponen ejercicio del poder público.