Así se recoge en una respuesta por escrito del comisario de Justicia, Michael McGrath, al PP, que denunció en diciembre un “ataque” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los jueces al insinuar en una conversación informal con periodistas que la oposición conoce las decisiones judiciales con antelación y juega “con las cartas marcadas”.

La respuesta de Bruselas es sobria, pero recuerda que en los informes sobre la situación del Estado de derecho en España de 2022, 2023 y 2024 ya reflejo que “algunas partes interesadas habían expresado su preocupación por las declaraciones públicas de políticos en las que estos criticaban el poder judicial”.

En este contexto, la Comisión recuerda que, “de acuerdo con las normas europeas, si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el Poder Judicial debe gozar de la confianza pública para poder desempeñar su labor correctamente, habida cuenta de su especial papel en la sociedad”.

“Esto es especialmente importante en lo que respecta a las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial”, prosigue.

No obstante, McGrath admite que es esta una cuestión que no afecta solo a España, y que. “en el Informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión ha recordado estas normas en situaciones comparables en otros Estados miembros”.

REACCIÓN DEL PP

Ante esta respuesta del Ejecutivo comunitario, el PP considera que Sánchez debe “cesar sus ataques” a los jueces porque se trata de “una seria advertencia” de Bruselas.

“Estamos ante una estrategia deliberada para deslegitimar al poder judicial y debilitar la separación de poderes. Este tipo de ataques no solo buscan amedrentar a los jueces, sino que ponen en peligro la credibilidad de las instituciones, y de eso se da cuenta la Comisión”, denunció la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien celebró que el Ejecutivo comunitario perciba el “gravísimo e inaceptable” ataque del Gobierno socialista contra los jueces.