En un principio, el Ejecutivo comunitario había considerado ilegal la adjudicación, ya que el Estado español no había dado las mismas posibilidades reales al resto de operadores europeos.

La decisión de la Comisión sebasa en la garantía de la continuidad de los servicios esenciales. Sin embargo, una de las condiciones a la aprobación, tal y como está previsto en el Tratado CE, ha sido que la financiación sólo se ha autorizado por un periodo de tres años y medio, en lugar de los 10 años inicialmente previstos.

De esta manera, el contrato finalizará el 26 de julio de 2001. Para esa fecha y en caso de nuevo lanzamiento de ofertas, tendrán que tener la misma oportunidad todos los operadores que lo deseen.

En iciembre de 1997, la Comisión recibió una queja contra el nuevo contrato entre las autoridades españolas y Trasmediterránea, la única empresa que pudo responder al concurso de ofertas. El resto de servicios interesados sólo tuvieron trece días para responder al llamamiento, un periodo inadecuado para preparar las propuestas, según la denuncia, y también un procedimiento contrario a las normas de competencia.

Después de un estudio, la Comisión estimó que España había concedido ayudas de Esado ilegalmnte a favor de Trasmediterránea. Pero con el fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales, el Ejecutivo ha decido aprobar la ayuda en virtud del artículo 86, párrafo 2, bajo condición de que las ayudas compensen solamente los sobrecostes debidos a la gestión de servicios de interés económico general, y que España reducirá sensiblemente la duración del contrato.

El carácter transitorio de la ayuda permitirá la preparación de las ofertas de otros proveedores de los servicios y prevé un cmbio del sistema de relaciones con las islas que prevalecía en España.