Según ha podido saber Servimedia en fuentes de la Comisión, la normativa española sobre seguridad privada viola las reglas que fija el Tratado de la Unión Europea sobre la libertad de estabecimiento, libre circulación de trabajadores y libre prestación de servicios, al exigir que las sociedades y el personal de seguridad sean de nacionalidad española.

El "dictámen motivado" es en argot de la Comisión un ultimatum al Estado miembro para que rectifique o explique con razones suficientes la legislación objeto de reclamación por el Gobierno de la UE.

El escrito, que obra ya en poder del Ministerio de Justicia e Interior fue remitido al Estado español el pasado 20 de julio, por lo que e plazo para que el Ejecutivo ofrezca una explicación que justifique la normativa aplicada expira a finales de este mes.

De no ser así, las mismas fuentes han señalado que el procedimiento habitual sería el recurso a los tribunales de justicia de la Unión, si bien señalaron que lo normal es lograr una corrección por parte del Estado miembro antes de llegar a este extremo, al que afirman que sólo se llega en un 20 por ciento de los casos.