Según indicaron fuentes gubernamentales a Servimedia, se prevé que el Pleno de la Cámara Baja dé el siguiente paso el 22 de diciembre y la nueva norma quede aprobada definitivamente en el primer trimestre de 2023.

En la presentación del proyecto en el Congreso, hace unas semanas, el ministro de Universidades, Joan Subirats, aseguró que la LOSU busca afrontar los “retos” del “cambio de época” en el ámbito universitario y actualizar una normativa vigente que tiene más de dos décadas.

El ministro dijo entonces que tendía su mano al diálogo y reclamó "una universidad a la altura de los retos” y “accesible a todos los ciudadanos”. El texto, que el ministro ha querido hacer “suyo” tras los primeros pasos que dio su predecesor en el Ministerio, Manuel Castells, pretende ofrecer unas “condiciones laborales dignas” al personal universitario e internacionalizar el sistema.

Subirats también remarcó el carácter de "servicio" social que la ley dará a la universidad y que estará “suficientemente financiada”, como avanzó la nueva ley de Educación, la Lomloe, que recoge el compromiso de alcanzar una financiación del sistema educativo del 5% del PIB. Precisamente, aseguró que su intención es “revertir la desinversión” que el sistema universitario padeció de 2008 a 2020 “que disminuyó un 20% en términos reales la inversión”. Subirats también remarcó la pertinencia de poner la docencia “al mismo nivel” que la investigación y la transferencia de conocimiento.

En otra intervención informativa posterior, el responsable de las políticas universitarias aseguró que la LOSU parte “de un gran consenso”. “No es la ley que yo haría, seguramente”, reconoció, “pero la ley tiene que ser capaz de conjugar ideas, intereses e instituciones”.