La denominada "Comisión Antipiratería" celebró hoy una sesión plenaria, presidida por el ministro de Cultura, César Antonio Molina, en la que se aprobó una declaración conjunta contra la piratería.

El texto consta de cuatro puntos. El tercero está dedicado a las operadoras y dice textualmente: "La Comisión llama a los titulares de contenidos y a las operadoras de comunicaciones electrónicas y prestadores de servicios de la sociedad de la información a reforzar su compromiso de colaboración en la lucha contra la piratería digital, teniendo en cuenta los derechos de los creadores, el impulso de la sociedad de la información y el acceso de los ciudadanos a una oferta de contenidos lo más amplia, plural y segura posible".

En el primer punto, la comisión recalca su compromiso de "intensificar todas las medidas necesarias para erradicar la lacra que representan todas las formas de piratería contra la propiedad intelectual".

El segundo es una apelación a los ciudadanos: "La Comisión llama a toda la sociedad a tomar conciencia de la terrible amenaza que la piratería supone para nuestros creadores, para la industria cultural, para la economía española en su conjunto y para los derechos de los consumidores".

Por último, el cuarto punto hace "un reconocimiento expreso a la continua y fructífera labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la lucha contra la piratería".

En su intervención al inicio de la reunión, el ministro de Cultura expuso las líneas maestras sobre las que se va a asentar la acción de gobierno en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual y de lucha contra la "piratería" en esta legislatura.

César Antonio Molina expresó, en primer lugar, su compromiso con la defensa de los creadores y de sus derechos, como "elemento ineludible para la supervivencia tanto de las industrias culturales, que representan el 4% del PIB español, empleando a cerca de un millón de trabajadores, como de la cultura española en general".

Frente a esta riqueza y el potencial de desarrollo que encierra, dijo que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual representa "una terrible amenaza cuyos efectos nocivos no se limitan a la figura individual del creador sino que se proyectan sobre amplias capas de la población, ralentizando las posibilidades de expansión cultural, económica y social".

BUENAS PRÁCTICAS

Molina remarcó el compromiso del Gobierno de difundir el "Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual", que ha sido recientemente elaborado por los Ministerios de Cultura, Justicia, la Agencia estatal de Administración Tributaria, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía general del Estado, Judicatura, entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y la FEMP.

Molina garantizó que se centrará el foco principal de atención en la lucha contra los atentados a la propiedad intelectual que tienen lugar en el entorno digital.

También prometió que se mantendrá el esfuerzo presupuestario desarrollado con las campañas de sensibilización, dirigidas a concitar la comprensión y complicidad de los ciudadanos acerca del valor de la propiedad intelectual.

En concreto anunció una inversión de 2,26 millones de euros en la campaña que se desarrollará entre noviembre 2008 y marzo de 2009.

El Ejecutivo también quiere impulsar la consecución de acuerdos entre la industria de los contenidos y los operadores de Internet en la búsqueda de nuevos modelos de negocio que, "desde el respeto a los derechos reconocidos por la legalidad vigente, ofrezcan mayor valor añadido e interés para los consumidores, y mayores posibilidades de expansión para las industrias implicadas, como la vía más eficaz para afrontar los retos que las recientes transformaciones tecnológicas plantean en este ámbito".

Asimismo, se propone promover, en coordinación con el Ministerio de Industria y el resto de Departamentos implicados, "la definición de un marco jurídico coherente y seguro para la defensa de los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito nacional como en el seno de la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el primer semestre de 2010".

La comisión intersectorial se creó por decreto en 2005. En ella están presentes los ministerios de Cultura, Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia, Economía y Hacienda, Interior, Educación, Política Social yDeporte, Ciencia e Innovación, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Presidencia, Administraciones Públicas y Sanidad y Consumo.

También están las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía; los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En representación del sector privado, forman parte la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC); la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro); la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi); la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE); Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (Vegap); Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda); Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión (Aisge), y Derechos de Autor de Medios Audiovisuales Entidad de Gestión (DAMA).

También están presentes la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónicas y Comunicación(Asimelec), la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (Aetic), la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (Aecem/Fecemd), Business Software Alliance (BSA), la Federación para la Protección de Propiedad Intelectual de la Obras Audiovisual (FAP), el Departamento de Propiedad Intelectual de PRISA y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).