Esta incoación tiene lugar tras el acuerdo suscrito el pasado mes de marzo en Lanzarote en el marco de la 92ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico. Ahora será el Consejo de Ministros el que, en un plazo máximo de un año, podrá acordar la declaración definitiva, que se materializará mediante un real decreto.

Esta protección se centra en “el elemento más humano e inmaterial del fenómeno jacobeo como manifestación social, cultural y religiosa con más de un milenio de historia, que aún sigue viva”.

La acogida tradicional jacobea representa “uno de los valores esenciales que explican la extraordinaria pervivencia de esta peregrinación desde los inicios del siglo IX hasta hoy”, constituyendo “la máxima expresión de la hospitalidad, que alberga otras expresiones históricamente importantes, como fue la protección jurídica al peregrino por su condición de tal, y no tiene unos límites o fronteras físicos definidos, ya que se produce allí donde un peregrino a Santiago es acogido según los principios jacobeos, con independencia de la ruta seguida”.

Esta acogida se define por “la austeridad y la preservación del carácter espiritual y trascendente de la peregrinación, en el que los servicios se ofrecen de manera desinteresada y sin ánimo de lucro, mediante el trabajo voluntario de los hospitaleros, por regla general también peregrinos, y la creación de un ambiente acogedor”.

A pesar de que la acogida es “el valor más definido, destacado, diferencial e identitario del Camino de Santiago”, también constituye el “elemento más frágil”, ya que “la mercantilización y el auge del turismo alejado de los principios de peregrinación ponen en riesgo la actividad diaria de los albergues tradicionales de peregrinos”.

Por esa razón, la declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene como fin su “consideración social” y su “salvaguarda frente a los riesgos a los que se enfrenta”.