Debido al elevado número de acusados, este macrojuicio se celebrará en un pabellón de la Casa de Campo especialmente habilitado, el mismo donde se celebró el macrojuicio contra la célula de Al Qaeda en España.

De los 56 procesados que se sentarán en el banquillo, entre quienes se encuentran el ex dirigente de KAS Xabier Alegría y el abogado Txema Matanzas, tres están en prisión por otras causas: Rubén Nieto, Iker Beristain e Iker Casanova. El resto se encuentra en libertad.

En este caso han sido procesadas 62 personas, pero dos, Peio Jon Sánchez Mendaza y Francisco Aramburu Landa, se encuentran presos en Francia, y otra de ellas, Unai Hernández Sistiaga, huido.

Además, en el banquillo de los acusados tampoco se sentarán hoy Manuel Aramburu, ya fallecido, ni el periodista Pepe Rei ni Ramón Uranga, ex consejero delegado de Orain, ya que se encuentran incapacitados.

La causa, una de las más voluminosas en la historia de la justicia española, consta de más de 600 tomos y más de 200.000 folios y contará con más de 300 testigos, entre quienes no se encontrarán, por decisión de la sala, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, al ex presidente del Gobierno Felipe González y el actual eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, entre otros.

Tampoco declarará como testigo el líder de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, por considerar los magistrados, según consta en el auto por el que se fijó la fecha del juicio, que los extremos que se pretendían probar con su testimonio quedarán verificados con los innumerables testigos que declararán en el plenario. Sólo de no ser así se citará a Otegi como testigo.

En la sala estarán sentados 12 abogados de la defensa, más dos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). El tribunal encargado de juzgar este caso, que se calcula durará entre 4 y 5 meses, estará compuesto por Angela Murillo, que será presidenta de la sala y ponente de la sentencia que se dicte en su momento, Luis Martínez de Salinas y Nicolás Poveda.

PETICION DEL FISCAL

El fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso, Enrique Molina, solicita penas que oscilan entre los 10 y los 51 años de cárcel para los procesados en el "caso Ekin".

El ministerio público considera que los imputados son responsables de integración y colaboración con banda armada, delitos contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública, falseamiento de contabilidad e insolvencia punible.

En sus conclusiones, recogidas en 172 folios, el fiscal habla de la estructura de ETA, del origen y evolución de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) -primer brazo político de ETA que fue ilegalizado por el juez Baltasar Garzón el 20 de noviembre de 1998-, de cómo ésta se desdobla en Ekin y de su financiación a través de AEK -coordinadora de alfabetización en euskera-, Herri Batasuna, Gestoras Pro Amnistía y varias empresas, como una agencia de viajes y una empresa de seguros.

Según el fiscal, ETA no sólo necesitaba financiarse, sino difundir sus ideas, para lo que se hizo con el diario "Egin" y su grupo editorial, "que llegó a ser una estructura más de la organización terrorista".

OPINION PUBLICA FAVORABLE

"Al comprobar que los medios de comunicación social no servían al propósito de la organización terrorista de insertar su violencia dentro de un contexto de conflicto político y, en consecuencia, impulsar la resolución de éste como de cualquier otro conflicto político, se vio necesitada de formar una opinión pública favorable a una negociación con el Gobierno de España, precisando para ello de un medio propio que cumpliera dicha función", explica el fiscal.

Asimismo, sostiene que, "al margen de las distintas secciones del diario 'Egin', de su línea informativa y de opinión, la utilización del Grupo Orain S.A. y de sus productos informativos por parte ETA suponía no sólo el aprovechamiento de la protección de la libertad de expresión y del derecho a difundir información veraz, para los fines propios de un entramado criminal, sino que alcanzaba a los medios de producción gráfica del diario, que eran puestos al servicio de los fines y actividades de organizaciones alegales y clandestinas".

En opinión de Enrique Molina, "la relación de dependencia de las distintas sociedades y productos del Grupo Orain S.A., especialmente en el caso del diario 'Egin', respecto de ETA Militar y de KAS, y su utilización instrumental fue una constante desde la puesta en marcha del 'proyecto Egin'".

"No hubo ni un solo momento de la historia de dicho proyecto en que el mismo no fuera objeto de debate para la adopción de decisiones en el seno de reuniones de KAS, con asistencia y participación de ETA Militar, y en el que sus promotores y responsables no hayan mantenido reuniones con elementos responsables del denominado 'Aparato Político' de ETA", añade el fiscal.

Así, en esas reuniones, dirigentes de ETA como Carlos Almorza, alias "Pedrito de Andoain"; José María Dorronsoro, José Antonio Urrutikoetxea, alias "Josu Ternera", o José Luis Alvarez Santacristina, "Txelis", "fijaron los criterios de dirección que debían aplicarse en los aspectos más fundamentales del diario".

Tras la clausurua del diario "Egin", ETA decidió sustituirlo por el rotativo "Ardi Beltza", cuya aparición tuvo lugar al mismo tiempo que la del periódico "Gara".

"Ardi Beltza" difundía "los contenidos que antes tenía el diario 'Egin' y que, sin embargo, no se incluyeron en el diario 'Gara', esto es, las informaciones del 'equipo de investigación' de José Benigno Rei Rodríguez y la sección de 'agurrak' (saludos), a través de la que se producían comunicaciones entre los militantes de ETA".

SEÑALAMIENTO

En sus páginas figuraban todos los profesionales de los medios de comunicación caracterizados por el rechazo a la violencia de ETA, realizando así la labor de "señalamiento" diseñada por la banda terrorista, indica el fiscal.

En su escrito, Enrique Molina también habla del proyecto dedesobediencia civil dirigido por la Fundación "Joxemi Zumalabe" y la red internacional de ETA, conocida como Xaki.

"Entre las propuestas de desobediencia destacaba la pretensión de sustituir el Documento Nacional de Identidad por una documentación de carácter alternativo y paralelo denominada 'Euskal Nortasunaren Agiria' o E.N.A (documento de identidad vasco), emitida desde la asociación 'Euskal Nortasunaren Elkartea E.N.E. (Asociación para la Identificación Vasca)", explica el fiscal.

En cuanto a Xaki, Molina sostiene que las relaciones exteriores de ETA comenzaron a desarrollarse en 1964, al ser expulsados de Francia algunos de sus dirigentes.

"La necesidad de contar con recursos financieros, logísticos y políticos para el proyecto de ETA llevó a sus dirigentes a contactar con organizaciones marxistas de otros países y a buscar el apoyo y postulados de algunos gobiernos de las llamadas 'repúblicas populares', lo cual transformó su inicial proyecto nacionalista en otro marxista orientado a la transformación total del sistema político, económico y social del País Vasco, Navarra y parte de Francia", añade el fiscal.

Así, el 13 de mayo de 1996 se creó Xaki, cuya "misión más reciente fue la de crear un estado de opinión internacional favorable a la solución dialogada de su pretendido conflicto con España y al reconocimiento de sus reivindicaciones, durante el período en que ETA no cometió asesinatos entre septiembre de 1998 hasta finales de 1999", según Molina.